En los últimos tiempos se están viviendo cambios importantes en cuanto al tratamiento institucional de las personas menores de edad, especialmente de las más desamparadas y vulnerables. Sin embargo, ello no se ha correspondido con un debate social de las mismas dimensiones.
Desde que MOLIMO (Asociación Aragonesa para la Promoción y Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia) publicara en 2005 su último informe, este debate ha permanecido callado. Por nuestra parte, hemos recuperado la información pública y la denuncia de estas situaciones de vulnerabilidad, en la creencia de que éstos son instrumentos básicos de la labor de los agentes sociales como agentes de cambio y que su uso es un buen indicador de la salud democrática de una sociedad. La propia Ley 12/2001 de la infancia y adolescencia en Aragón, en su art. 9.3, nos exige esta labor cuando establece que “toda persona que detecte una situación de riesgo o de posibles malos tratos a menores está obligada a ponerlo en conocimiento de la autoridad competente y a prestarles los auxilios inmediatos necesarios”.
Con este objetivo venimos trabajando en un informe detallado acerca de la situación de la protección y reforma de menores en Aragón. Hemos seleccionado algunas situaciones y recursos por la importancia de los niños y niñas que hay tras ellas y porque son reflejo de los graves problemas que aquejan a la protección y reforma de menores en nuestra comunidad, como en otros tantos lugares. En este sentido, nuestro trabajo no consiste en valorar situaciones anecdóticas o a profesionales individuales, sino en detectar las condiciones estructurales que permiten que estos graves problemas persistan y, por supuesto, esbozar y proponer líneas de solución y mejora.
Destacamos que la creciente privatización de la protección y reforma es una fuente de estos problemas. De un lado introduce lógicas de gestión privada y mercantilista en el seno de los servicios sociales, que prevalecen sobre el “interés superior del menor” que debería regir en todo caso estos servicios. De otro lado, provoca el retraimiento de la administración, que externaliza la gestión de esos problemas y necesidades sociales y evita su responsabilidad para con los asuntos públicos.
De cualquier modo, entendemos que esta situación no es inevitable, sino fruto de una determinada voluntad política que está a tiempo de revisar sus planteamientos.
En este sentido proponemos lo siguiente:
- Interrumpir la tendencia al desmantelamiento de servicios y recursos destinados a la remoción de las desigualdades sociales. Conviene invertir la tendencia a la gestión privada de servicios de titularidad y obligación pública.
- Avanzar en una normativa laboral que garantice unas condiciones de calidad en la prestación de los servicios a la infancia y en las condiciones de los/las profesionales que los prestan. Interrumpir en este sentido la consolidación de un esquema en que la empresa privada actúe como intermediaria entre las necesidades sociales y las administraciones públicas.
- En cuanto a los menores en situación de extranjería, abandonar la estrategia de centros para extranjeros y articular un sistema de protección orientado a la satisfacción de las necesidades de estos menores en cuanto que menores desprotegidos y no regido por su situación administrativa o las políticas de inmigración.
- Establecer una instancia independiente ante la que el menor pueda recurrir en el caso de sentirse maltratado, desatendido o desinformado. Asimismo, esta instancia velará por que las condiciones de la protección y la reforma respeten el interés superior del menor y sus derechos fundamentales.
- Dada la especial desprotección de las niñas y la escasa adecuación de los recursos y programas existentes a sus necesidades, se impone un esfuerzo en el estudio de la realidad de esta población y la puesta en marcha de nuevos programas de intervención para esas necesidades específicas –adolescentes gestantes, niñas maltratadas y/o abusadas.
- En el ámbito de la reforma, debe abandonarse la perspectiva penal para el tratamiento de los conflictos sociales y personales en que están implicados estos menores. Ello supone apostar por intervenciones preventivas, no centradas en el delito, sino destinadas a eliminar las desigualdades sociales que lastran al/la menor y mejorar su calidad de vida. En caso de mantener la intervención penal, deben desterrarse los elementos del sistema de reforma que obstaculizan la resocialización y reproducen un fracaso que nutre finalmente las instituciones penales.
Por último,
deseamos que este informe sirva para dinamizar el debate en torno a la protección de los derechos de la infancia, así como para trabajar conjuntamente en la mejora del tratamiento que le ofrecemos.
ASAPA – Grupo de menores- 9 de diciembre de 2008
Escrito por asapa 
