LA BURBUJA PENAL. Mercado, estado y cárcel en la democracia española.

 

LA BURBUJA PENAL

Mercado, estado y cárcel en la democracia española

Un análisis de la inflación punitiva en el Estado español

Daniel Jiménez – octubre de 2013

[tesis doctoral]

LA BURBUJA PENAL – Dani Jimenez – TESIS – oct2013


EL ESTADO PENAL ESPAÑOL. UNA HISTORIA ESPANTOSA [artículo]

Durante décadas, el lazo español entre mercado, estado y castigo ha sido presidido por una masiva burbuja criminal inflada por la creciente tensión entre las políticas desde el delito impune y las políticas contra el delito –peor aún: mediante la hipercriminalización de las llamadas infraclases.

Leer artículo completo:

EL ESTADO PENAL ESPAÑOL. UNA HISTORIA ESPANTOSA – A.Forero & D.Jiménez – Eu


DOSSIER SOBRE INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE DENUNCIAS POR MALOS TRATOS Y TORTURAS EN ARAGÓN

Dossier ASAPA malos tratos (descargar documento)

Desde la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos en Aragón (ASAPA), con CIF G-50551225, como organización de defensa de los derechos de las personas que cumplen pena privativa de libertad en la Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del Estado Español, y como miembros de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, plataforma integrada por 44 colectivos sociales y grupos de abogados que luchan contra la tortura, agrupadas con el objetivo de velar por la aplicación y el seguimiento de los mecanismos internacionales de prevención de la tortura en el estado español, hemos elaborado este documento que contiene una serie de preocupaciones y dificultades que fueron detectadas durante en el desempeño de nuestro trabajo, y que afectan a las garantías jurídicas de las personas que se encuentran bajo custodia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

            Aún en el conocimiento de nuestras carencias en cuanto a medios materiales, humanos y de ámbito territorial como asociación (integrada por un número reducido de personas, que trata de prestar un servicio en un territorio en concreto y que, dentro de esa demarcación concreta, sólo alcanza a conocer una pequeña parte de la realidad de cualquier fenómeno, por supuesto también del que aquí tratamos de ocuparnos), hemos recopilado sin ánimo ninguno de exhaustividad algunas denuncias por torturas o malos tratos que se interpusieron en esta comunidad autónoma durante los últimos años de actividad de la asociación, con especial atención a las cárceles de Zuera y Daroca dada la naturaleza de nuestro trabajo. A pesar de alcanzar sólo una parte del volumen total de situaciones producidas en este entorno los resultados resultan descriptivos de los obstáculos recurrentes en el acceso a una verdadera tutela judicial para las personas que, habiendo sufrido torturas y malos tratos bajo custodia deciden denunciarlo, ante los tribunales, con todavía mayor dificultad si cabe dentro de las cárceles.

            Dichos obstáculos se han venido traduciendo repetidamente en trabas insalvables en el procedimiento penal, que abocan a la práctica totalidad de tales denuncias o solicitudes de reparación del daño sufrido al archivo sistemático sin haberse realizado una investigación con las garantías debidas, muy lejos de los estándares internacionales que se repiten hasta la saciedad por parte de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos (documentación recopilada en http://www.prevenciontortura.org).            

Con el objetivo de trabajar por la defensa de estos derechos, respecto de las personas presas en particular, nuestra asociación ASAPA presentó un dossier con fecha 27 de junio de 2008 ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza, la cual a su vez nos comunicó con fecha 5 de septiembre de 2008 la apertura de Diligencias de Investigación bajo número 121/2008 y su posterior archivo, sin que hasta día de hoy hayamos tenido por desgracia evidencias de que se haya avanzado en este terreno de la prevención de los malos tratos y torturas.

            Con este documento tratamos de actualizar aquel trabajo y de contribuir en lo posible en el fortalecimiento de las garantías frente a esta particularísima forma de vulneración de derechos.                   

            Asociación de Seguimiento y Apoyo a personas Presas en Aragón – ASAPA

 


LA DICTADURA “DEMOCRÁTICA” PROHIBE LA PROTESTA SOCIAL

César MANZANOS, Doctor en Sociología, miembro de Salhaketa de Araba
 
Este Viernes se celebran dos acontecimientos importantes relacionados con la Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Uno su aprobación en el Congreso de Madrid y, el otro, las Jornadas sobre Criminalización de la Protesta Social y Estrategias de Resistencia Ciudadana en Sevilla, organizadas por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura ante la constatación de que “durante los años 2011 y 2012 los informes de la CPDT han visibilizado un aumento importante en el número de denuncias cuyo origen se enmarca en la represión de las protestas sociales. De las 851 personas agredidas durante 2012, 591 personas lo fueron durante o después de participar en las protestas sociales, lo que supone un 69% del total de personas agredidas que presentan dichos informes”.
Asistimos a los efectos de dos demoledores años de gobierno por un partido único que, al igual que  otros partidos totalitarios en la trágica y aún reciente historia europea, también ha sido apoyado por una mayoría de la ciudadanía, suficiente para por fin tratar de imponernos su proyecto autoritario, para por fin poder actuar sin tener que disfrazar su dictadura con adornos democráticos. Ahora la derecha ya tiene en sus manos toda la maquinaria del estado, su colaboración imprescindible para someter toda relación social a la lógica del mercado, del capital, de un mercado que no nos olvidemos tiene su motor de funcionamiento en la lógica de la guerra permanente. Este proyecto ya en fase de aplicación, se concreta en un cúmulo de medidas rápidas que buscan inhabilitar mediante la amenaza punitiva de la reclusión durante el mayor tiempo posible de encarcelamiento, a quienes se atrevan a protestar ante las reformas políticas, laborales y sociales que están convirtiendo a las clases trabajadoras en infra-clases condenadas a la depauperación y la miseria.

Efectivamente, ahora que no tienen la disculpa de la “violencia armada” para ejercer la represión y catalogar de terroristas a quienes critican y protestan frente a sus imposiciones totalitarias, con la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Corcuera en la mano como referencia, promulgada, no nos olvidemos, por el PSOE en el año 1991, este viernes el actual Gobierno Totalitario de Partido Único sordo e intransigente con la oposición dará un importante paso más en el proceso de conversión del Estado Social en un Estado Militar, Penal y Policial, institucionalizado el estado de excepción permanente mediante una legislación punitiva de carácter administrativo destina ex-profeso a sancionar y tratar de erradicar la protesta social provocada por la devaluación y suspensión de derechos y libertades fundamentales contempladas en el ordenamiento constitucional español.
 
Esta legislación punitiva administrativa se suma a las nuevas  contra-reformas penales que nos recuerdan a las de la época de Aznar y que consisten en alargar las penas para todo tipo de delitos, lo cual ni pretende, ni consigue reducirlos o eliminarlos, sino que responde a intereses políticos y económicos ajenos a la prevención y lucha contra el delito y las diversas formas de violencia en la sociedad. No nos olvidemos de que el potencial sancionador de esta ley contempla sanciones económicas desproporcionadas por manifestarse pacíficamente ante responsables financieros y políticos o antes instituciones del estado, o por presuntamente “insultar” a un funcionario policial o por gravar los abusos y brutalidad policial en manifestaciones de protesta que se ensañan con obreras/os en proceso de despido, personas desahuciadas, jóvenes sin expectativas de futuro, etcétera. De estos sectores que protestan por luchar por el derecho al trabajo, a la sanidad, a la educación o a la vivienda obtendrá el estado un potencial recaudador para engrosar sus arcas y así poder seguir financiando a los bancos y a la industria militar.
 
Mediante esta legislación de excepción, reforzarán la impunidad y la brutalidad policial que ya le ha costado duras críticas al Gobierno Español por parte del Consejo de Europa.  Además amplían el etiquetamiento, criminalizando cualquier forma de resistencia, incluso la “resistencia pasiva”, estigmatizando a otros sujetos sociales como enemigos de la seguridad mediante términos tales como “guerrilla urbana”, “violencia anti-sistema”, etcétera. Cuando quieran, no les hará falta más que ordenar a la policía que se infiltre o presione encendiendo los ánimos (para lo cual está muy bien adiestrada), y lo puede hacer en cualquier tipo de movilización o concentración, para así poder sancionar o encarcelar arbitrariamente a quienes quieran acusar de “ejercer la violencia”, incluso a quienes sin necesidad de estar presentes hayan convocado las acciones en las que se produzca el altercado.

El objetivo es muy claro: pretenden aterrorizar a la población en general y a la juventud en particular para que además de condenarnos al recorte y/o privación del efectivo ejercicio de nuestros derechos fundamentales también se nos condene a la privación del “derecho a reivindicar nuestros derechos” (huelga, expresión, manifestación, reunión, etcétera). Sus asesores les han aconsejado que lo hagan. Saben que estas medidas servirán para crear un clima de violencia, conflicto y desorden social y, ante los aplausos de sus televidentes, buscan achacar a quienes se atreven a protestar, la responsabilidad de los problemas que sus políticas de estado subsidiarias a la iniciativa del capital han creado.

Por eso no es casual que en situaciones de devaluación de los derechos y de las políticas sociales, se recurra a intensificar la represión y las políticas criminales. El estado es una maquinaria de violencia, no nos olvidemos. Los recortes en materias que afectan a seguridad social de la ciudadanía (trabajo, educación, sanidad, etcétera) no afectan a materias relacionadas con la seguridad del estado (gasto militar, policial, penal, etcétera). Las clases dominantes han capturado y secuestrado al estado para privatizarlo, han sepultado por fin la democracia mediante el asesinato de la soberanía popular, principio básico de la misma, desplazando la toma de decisiones a élites de poder económico supra-estatales, convirtiendo al estado en un ente meramente administrativo que recauda y utiliza nuestro dinero para financiar sus empresas desplazadas a otros países, para financiar nuestra ruina.

Contra este proyecto totalitario podemos unirnos y lanzar nuestra ofensiva. Es el momento de resistir y, al parecer, vamos por buen camino, porque sino ni se preocuparían en armarse penal y policialmente contra la insurgencia de unas mayorías ciudadanas hartas de unas clases políticas al servicio de intereses particulares que han secuestrado y asesinado los derechos y libertades públicas. Ahora es tiempo de actuar sin que sepan cómo, con imaginación y eficacia, aplicar nuevas estrategias de respuesta. Así conseguimos en su momento conquistar los derechos democráticos y así luchamos ahora para que no nos los arrebaten.

 

PRESENTACION LIBRO MERCEDES GALLIZO. CARTA ABIERTA DE LA INICIATIVA CIUDADANA CONTRA LAS MACROCÁRCELES‏

Mercedes Gallizo  2004-2011
Personas sin Pena  y Pena de Personas  
Que en este país se encarcela a los pobres y que España es el país con la tasa relativa de personas en prisión más alta de toda Europa no es algo que haya  descubierto Mercedes Gallizo; antes de que llegara a instituciones penitenciarias los grupos antiprisones que nos oponíamos a la apertura de las macrocárceles  ya  lo  explicábamos bien clarito. Sin embargo ella siguió apoyando la política de apertura de macrocárceles por todo lo ancho del Estado Español, que en nada responde a la frase de su admirada Concepción Arenal, “abrid Escuelas y se cerrarán cárceles”. Más bien “abrid macrocárceles y haréis negocio”… No olvidemos que el plan de macrocárceles se ideó por el partido socialista en pleno boom del ladrillo y que  sólo ha servido para generar más sufrimiento e invisibilizar más todavía las prisiones y las personas  que están dentro. Si humanizar las cárceles para usted es llenarlas de personas, la felicitamos  porque durante su mandato estuvieron a reventar.
Con el acceso al cargo en 2004, las personas presas, sus familiares y los colectivos que llevaban años luchando por el cumplimiento de los derechos fundamentales dentro de prisión albergábamos la única  esperanza de que “la Gallizo”, hiciera cumplir la ley. La Ley Orgánica General Penitenciaria fue la primera ley aprobada en la democracia, en cuya redacción  participaron políticos que habían sufrido la pena de prisión durante la dictadura y conocían los horrores que no se debían volver a cometer. Esa ley recoge artículos tan sencillos de cumplir como el 19.1: “Todos los internos se alojarán en celdas individuales”, o el 6.3: “Ningún interno será sometido a malos tratos de palabra u obra”. Por eso cuando tras sus 8 años en la Dirección General de Instituciones penitenciarias nos presenta este libro que, según ella, pretende ser un reflejo de la realidad penitenciaria y un repaso de su aportación a la humanización de las prisiones, no nos podemos quedar calladas. ¿O acaso no le han llegado cartas de las personas que están en primer grado en régimen de aislamiento pasando más de 20 horas diarias encerradas en sus celdas, a cientos de kilómetros de sus familias, consumiendo una barbaridad de psicofármacos suministrados por la institución y como toda actividad tratamental un sudoku o unos puñetazos a un saco de boxeo?

Echamos de menos  en este  libro  testimonios de personas presas que dentro de las prisiones españolas han sufrido los malos tratos y las torturas… Nos extraña sobre manera, ya que esta realidad sí ha sido denunciada hasta la saciedad por los organismos internacionales encargados de proteger los derechos humanos. Sólo un ejemplo: el Comité  Europeo de Prevención de la Tortura en la visita que realizó al estado español en 2011 hace recomendaciones tan escalofriantes como la que recogemos bajo estas líneas:

 “La delegación observó que las recomendaciones que el CPT había realizado en su informe de la visita de 2007 no habían sido aplicadas por completo y que de nuevo, antes de recurrir a la inmovilización, no se habían agotado otros medios para conseguir el objetivo deseado. Es más, la inmovilización se llevaba frecuentemente a cabo durante largos períodos sin que ésta estuviera acompañada de una adecuada supervisión (párrafo 58).

En el Módulo 15 del Centro Penitenciario de Córdoba, la delegación observó que se ataba a los presos a un bloque de cemento sobre el cual había un fino colchón, sujetando las muñecas y tobillos con esposas de metal a unos aros situados a los lados del bloque 82. La sala, conocida tanto por el personal como por los presos como “la piedra”, había adquirido una angustiosa fama como lugar de castigo. La delegación del CPT invocó el art. 8, apartado 5 de la Convención e inmediatamente se pronunció sobre la situación reclamando que las autoridades españolas dejasen de utilizar el bloque de cemento en cuestión, así como que se debía recordar a todo el personal de prisiones que las esposas no debían utilizarse para sujetar a los reclusos a una cama” (párrafo 59).

Usted habla de personas y penas, y durante su mandato lo que ha seguido habiendo es personas sin pena; en las cárceles ha seguido habiendo malos tratos y tortura,
vulneración de derechos de manera sistemática, muertes, y los torturadores han seguido saliendo impunes.

Por eso nos parece una pena que siga habiendo personas que, como Mercedes Gallizo, vivan de una figura de la persona presa como un pobre desgraciado que necesita de nuestra compasión para así poder ser salvado. Quizá si se empezase hablar en otros términos sobre las personas presas, en los que se hable de dignidad y respeto a los derechos humanos, empezaríamos a deshumanizar las cárceles, a vaciarlas y buscar otra forma de solución a nuestros conflictos que no pase por el encarcelamiento en masa de las personas con menos recursos.

Zaragoza 22 de Octubre de 2013
Iniciativa Ciudadana Contra Las Macrocárceles


EXTRACTO RUEDA DE PRENSA / JORNADA CONTRA LOS CENTROS DE MENORES

31 agosto 2013. ESCUCHAR EL EXTRACTO DE LA RUEDA DE PRENSA EN:

http://radiotopo.noblezabaturra.org/2013/09/02/a-un-ano-de-la-muerte-de-libardo/ [Radio Topo]

JORNADA CONTRA LOS CENTROS DE MENORES

SÁBADO 31 DE AGOSTO DE 2013

LIBRERÍA LA PANTERA ROSSA (San Vicente de Paúl). 11.00h

RUEDA DE PRENSA
UN AÑO DESPUÉS DE LA MUERTE DE LIBARDO EN EL CEIMJ JUSLIBOL:
QUEREMOS JUSTICIA

Participan: Juanita Tavárez (madre de Libardo) y miembros de los colectivos de apoyo –desde Burgos, Madrid y Zaragoza.
Convoca: Grupo de Menores de ASAPA

Jornada contra los centros cerrados de menores. Zaragoza. 31 agosto 2013

El próximo sábado 31 de agosto se cumple un año de la muerte de Libardo en su celda de la cárcel de niños “CEIMJ Juslibol” de Zaragoza. Un año vacío de justicia. Un año de vergüenza, dolor y desprecio. Durante los 14 días que pasó encerrado, Libardo fue tratado con psicofármacos sin historial clínico previo, sin diagnóstico conocido y sin recibir visita psiquiátrica, entre otros disparates que ese centro lleva cometiendo desde hace años y que ya fueran denunciados ante los responsables políticos del gobierno y las Cortes de Aragón en 2008. A pesar de la montaña de razones que justifican la necesidad de resolver este caso en todos sus términos, todos y cada uno de los agentes competentes han hecho lo posible por ocultarlo, eludiendo para ello las tareas que por ley les son encomendadas. Todos menos la Audiencia Provincial de Zaragoza, que ha admitido el recurso y ordenado al Juzgado nº8 de Zaragoza que cumpla con su deber, alegando que “existen indicios de una omisión negligente de importancia para impedir el resultado avisado, temido y finalmente acaecido”. Ese “resultado” no es otro que la muerte de Libardo, OTRA muerte de un niño bajo secuestro institucional. Ya son 3 las muertes desde enero de 2013 (en Orense, Pamplona y Zaragoza) y 14 durante los últimos años.
Un año después, todo vuelve al principio. Por eso mantenemos nuestra reclamación, que es legal y legítima, en memoria de Libardo y de todos los niños que han muerto bajo custodia de la llamada “administración pública”, en solidaridad con su familia y con sus familias, en el ejercicio de nuestros derechos y por el reconocimiento de todos los derechos que a Libardo le fueron arrebatados (que son TODOS).
Las cárceles no sirven, ni las de adultos ni las de niños, sólo son fábricas de dolor, tormento y miseria. Queremos justicia.

Firman y participan / ASAPA (Zaragoza), Asociación Cultural Candela (Madrid), Asociación Vecinal de la Madalena Calle y Libertad (Zaragoza), Colectivo No a O’Belén (Madrid), Colectivo Towanda (Zaragoza), Coordinadora de Barrios (Madrid), Coordinadora Antifascista de Zaragoza, Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles (Zaragoza), La Tavaya (Logroño), Madres Contra la Droga (Madrid), Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (Universitat de Barcelona), Oteando –Observatorio para la defensa de los derechos y las libertades (Castilla-León), Plataforma Stop Represión (La Rioja), Saltando Charcos (Burgos), Parroquia San Carlos Borromeo (Madrid).


JUSTICIA PARA LIBARDO. UN AÑO DESPUÉS.

El próximo 31 de agosto se cumplirá un año de la muerte de Libardo en su celda de la cárcel de niños “CEIMJ Juslibol” de Zaragoza. Once meses de frustración, vergüenza, dolor y desprecio. A pesar de la montaña de razones objetivas y palmarias que justificaban sobradamente la necesidad de resolver este caso en todos sus términos, tanto el Juzgado de Instrucción nº 8 de Zaragoza como la Fiscalía han hecho lo posible por ocultarlo archivándolo, eludiendo para ello las tareas que por ley les son encomendadas y desestimando los dos recursos interpuestos por el abogado de la familia de Libardo.

Pero hace una semana, en su Auto nº 374/2013 de 18 de julio, la Audiencia Provincial de Zaragoza sí acordó “estimar totalmente el Recurso de Apelación Subsidiario”, revocar la denegación de las pruebas solicitadas y ordenar al Juzgado nº 8 la práctica de las tres diligencias probatorias que solicita la parte apelante en su escrito de fecha 9-10-2012, afirmando que “existen indicios de una omisión negligente de importancia para impedir el resultado avisado, temido y finalmente acaecido”.

leer y descargar el documento completo:

JUSTICIA PARA LIBARDO. Un año después

—toda la información contenida en el documento ha sido publicada a petición (por lo tanto, con el permiso) de la familia de Libardo—

Esta denuncia pública es el enésimo capítulo de una reclamación legal y legítima

en memoria de Libardo,

en solidaridad con su familia,

en el ejercicio de nuestros derechos  

y por el reconocimiento de todos los que a Libardo le fueron arrebatados (que son TODOS).

ASAPA –Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón. 26 de julio de 2013


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