EL ESTADO PENAL ESPAÑOL. UNA HISTORIA ESPANTOSA [artículo]

Durante décadas, el lazo español entre mercado, estado y castigo ha sido presidido por una masiva burbuja criminal inflada por la creciente tensión entre las políticas desde el delito impune y las políticas contra el delito –peor aún: mediante la hipercriminalización de las llamadas infraclases.

Leer artículo completo:

EL ESTADO PENAL ESPAÑOL. UNA HISTORIA ESPANTOSA – A.Forero & D.Jiménez – Eu

Anuncios

LA DICTADURA “DEMOCRÁTICA” PROHIBE LA PROTESTA SOCIAL

César MANZANOS, Doctor en Sociología, miembro de Salhaketa de Araba
 
Este Viernes se celebran dos acontecimientos importantes relacionados con la Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Uno su aprobación en el Congreso de Madrid y, el otro, las Jornadas sobre Criminalización de la Protesta Social y Estrategias de Resistencia Ciudadana en Sevilla, organizadas por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura ante la constatación de que “durante los años 2011 y 2012 los informes de la CPDT han visibilizado un aumento importante en el número de denuncias cuyo origen se enmarca en la represión de las protestas sociales. De las 851 personas agredidas durante 2012, 591 personas lo fueron durante o después de participar en las protestas sociales, lo que supone un 69% del total de personas agredidas que presentan dichos informes”.
Asistimos a los efectos de dos demoledores años de gobierno por un partido único que, al igual que  otros partidos totalitarios en la trágica y aún reciente historia europea, también ha sido apoyado por una mayoría de la ciudadanía, suficiente para por fin tratar de imponernos su proyecto autoritario, para por fin poder actuar sin tener que disfrazar su dictadura con adornos democráticos. Ahora la derecha ya tiene en sus manos toda la maquinaria del estado, su colaboración imprescindible para someter toda relación social a la lógica del mercado, del capital, de un mercado que no nos olvidemos tiene su motor de funcionamiento en la lógica de la guerra permanente. Este proyecto ya en fase de aplicación, se concreta en un cúmulo de medidas rápidas que buscan inhabilitar mediante la amenaza punitiva de la reclusión durante el mayor tiempo posible de encarcelamiento, a quienes se atrevan a protestar ante las reformas políticas, laborales y sociales que están convirtiendo a las clases trabajadoras en infra-clases condenadas a la depauperación y la miseria.

Efectivamente, ahora que no tienen la disculpa de la “violencia armada” para ejercer la represión y catalogar de terroristas a quienes critican y protestan frente a sus imposiciones totalitarias, con la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Corcuera en la mano como referencia, promulgada, no nos olvidemos, por el PSOE en el año 1991, este viernes el actual Gobierno Totalitario de Partido Único sordo e intransigente con la oposición dará un importante paso más en el proceso de conversión del Estado Social en un Estado Militar, Penal y Policial, institucionalizado el estado de excepción permanente mediante una legislación punitiva de carácter administrativo destina ex-profeso a sancionar y tratar de erradicar la protesta social provocada por la devaluación y suspensión de derechos y libertades fundamentales contempladas en el ordenamiento constitucional español.
 
Esta legislación punitiva administrativa se suma a las nuevas  contra-reformas penales que nos recuerdan a las de la época de Aznar y que consisten en alargar las penas para todo tipo de delitos, lo cual ni pretende, ni consigue reducirlos o eliminarlos, sino que responde a intereses políticos y económicos ajenos a la prevención y lucha contra el delito y las diversas formas de violencia en la sociedad. No nos olvidemos de que el potencial sancionador de esta ley contempla sanciones económicas desproporcionadas por manifestarse pacíficamente ante responsables financieros y políticos o antes instituciones del estado, o por presuntamente “insultar” a un funcionario policial o por gravar los abusos y brutalidad policial en manifestaciones de protesta que se ensañan con obreras/os en proceso de despido, personas desahuciadas, jóvenes sin expectativas de futuro, etcétera. De estos sectores que protestan por luchar por el derecho al trabajo, a la sanidad, a la educación o a la vivienda obtendrá el estado un potencial recaudador para engrosar sus arcas y así poder seguir financiando a los bancos y a la industria militar.
 
Mediante esta legislación de excepción, reforzarán la impunidad y la brutalidad policial que ya le ha costado duras críticas al Gobierno Español por parte del Consejo de Europa.  Además amplían el etiquetamiento, criminalizando cualquier forma de resistencia, incluso la “resistencia pasiva”, estigmatizando a otros sujetos sociales como enemigos de la seguridad mediante términos tales como “guerrilla urbana”, “violencia anti-sistema”, etcétera. Cuando quieran, no les hará falta más que ordenar a la policía que se infiltre o presione encendiendo los ánimos (para lo cual está muy bien adiestrada), y lo puede hacer en cualquier tipo de movilización o concentración, para así poder sancionar o encarcelar arbitrariamente a quienes quieran acusar de “ejercer la violencia”, incluso a quienes sin necesidad de estar presentes hayan convocado las acciones en las que se produzca el altercado.

El objetivo es muy claro: pretenden aterrorizar a la población en general y a la juventud en particular para que además de condenarnos al recorte y/o privación del efectivo ejercicio de nuestros derechos fundamentales también se nos condene a la privación del “derecho a reivindicar nuestros derechos” (huelga, expresión, manifestación, reunión, etcétera). Sus asesores les han aconsejado que lo hagan. Saben que estas medidas servirán para crear un clima de violencia, conflicto y desorden social y, ante los aplausos de sus televidentes, buscan achacar a quienes se atreven a protestar, la responsabilidad de los problemas que sus políticas de estado subsidiarias a la iniciativa del capital han creado.

Por eso no es casual que en situaciones de devaluación de los derechos y de las políticas sociales, se recurra a intensificar la represión y las políticas criminales. El estado es una maquinaria de violencia, no nos olvidemos. Los recortes en materias que afectan a seguridad social de la ciudadanía (trabajo, educación, sanidad, etcétera) no afectan a materias relacionadas con la seguridad del estado (gasto militar, policial, penal, etcétera). Las clases dominantes han capturado y secuestrado al estado para privatizarlo, han sepultado por fin la democracia mediante el asesinato de la soberanía popular, principio básico de la misma, desplazando la toma de decisiones a élites de poder económico supra-estatales, convirtiendo al estado en un ente meramente administrativo que recauda y utiliza nuestro dinero para financiar sus empresas desplazadas a otros países, para financiar nuestra ruina.

Contra este proyecto totalitario podemos unirnos y lanzar nuestra ofensiva. Es el momento de resistir y, al parecer, vamos por buen camino, porque sino ni se preocuparían en armarse penal y policialmente contra la insurgencia de unas mayorías ciudadanas hartas de unas clases políticas al servicio de intereses particulares que han secuestrado y asesinado los derechos y libertades públicas. Ahora es tiempo de actuar sin que sepan cómo, con imaginación y eficacia, aplicar nuevas estrategias de respuesta. Así conseguimos en su momento conquistar los derechos democráticos y así luchamos ahora para que no nos los arrebaten.

 

JUSTICIA PARA LIBARDO. UN AÑO DESPUÉS.

El próximo 31 de agosto se cumplirá un año de la muerte de Libardo en su celda de la cárcel de niños “CEIMJ Juslibol” de Zaragoza. Once meses de frustración, vergüenza, dolor y desprecio. A pesar de la montaña de razones objetivas y palmarias que justificaban sobradamente la necesidad de resolver este caso en todos sus términos, tanto el Juzgado de Instrucción nº 8 de Zaragoza como la Fiscalía han hecho lo posible por ocultarlo archivándolo, eludiendo para ello las tareas que por ley les son encomendadas y desestimando los dos recursos interpuestos por el abogado de la familia de Libardo.

Pero hace una semana, en su Auto nº 374/2013 de 18 de julio, la Audiencia Provincial de Zaragoza sí acordó “estimar totalmente el Recurso de Apelación Subsidiario”, revocar la denegación de las pruebas solicitadas y ordenar al Juzgado nº 8 la práctica de las tres diligencias probatorias que solicita la parte apelante en su escrito de fecha 9-10-2012, afirmando que “existen indicios de una omisión negligente de importancia para impedir el resultado avisado, temido y finalmente acaecido”.

leer y descargar el documento completo:

JUSTICIA PARA LIBARDO. Un año después

—toda la información contenida en el documento ha sido publicada a petición (por lo tanto, con el permiso) de la familia de Libardo—

Esta denuncia pública es el enésimo capítulo de una reclamación legal y legítima

en memoria de Libardo,

en solidaridad con su familia,

en el ejercicio de nuestros derechos  

y por el reconocimiento de todos los que a Libardo le fueron arrebatados (que son TODOS).

ASAPA –Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón. 26 de julio de 2013


Sobre la sentencia del juicio por TORTURAS EN QUATRE CAMINS

La Coordinadora Catalana por la Prevención y Denuncia de la Tortura (CCPDT), plataforma integrada por 14 entidades que trabajan a favor de los derechos humanos y en concreto en la denuncia y la prevención de la tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en Cataluña hace el siguiente comunicado a raíz de la sentencia por las agresiones sufridas por numerosos internos después del motín de Quatre Camins en abril del año 2004.

Apuntamos como un hecho importante que este suceso haya llegado a juicio atendiendo las dificultades de investigación que habitualmente comporta el esclarecimiento de hechos como estos, especialmente cuando se producen dentro de centros penitenciarios.

Valoramos de manera positiva que la sentencia reconozca la culpabilidad de 6 funcionarios, tres por participación directa y tres por omisión, a pesar de que lamentamos la timidez del texto, que condena por delito contra la integridad moral a los funcionarios (entre de ellos al subdirector médico) y no por el delito de tortura, castigado con penas más altas, que había sido solicitado tanto por las acusaciones particulares como popular, y también por el Ministerio Fiscal que modificó sus conclusiones después de la prueba practicada en las sesiones del juicio. A nuestro entender, era más procedente calificar los hechos como delito de tortura, atendidas las condiciones a las que fueron sometidos los presos que les comportaron graves padecimientos, además de atentar contra su integridad moral. La sentencia, de todos modos, representa un paso relevante contra la impunidad en estos tipos de delito.

Queremos remarcar la importancia que significa el hecho que las declaraciones de los presos hayan servido como elemento de prueba, puesto que se reconoce la veracidad del relato de las agresiones sufridas por parte de los funcionarios de prisiones.

Lamentamos que el juicio y la sentencia lleguen tan tarde. Los 9 años transcurridos desde los hechos son de difícil justificación y no han hecho más que alimentar la sensación de impunidad en materia de respeto a la integridad física y moral de las personas privadas de libertad, así como del reconocimiento de su derecho a una tutela judicial efectiva. Este hecho contrasta con el tiempo empleado al investigar y juzgar los hechos del llamado motín, en el cual recayó sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona en 2009 y sentencia definitiva dictada por el Tribunal Supremo en 2010.

En este sentido, hay que remarcar que la carencia de celeridad en la investigación y enjuiciamiento incumple las recomendaciones de los organismos internacionales contra la tortura, las de la propia CPDT así como la jurisprudencia clara y reiterada del Tribunal de Europeo de los DDHH.

Queremos recordar que en este juicio sólo se han juzgado una parte de los delitos denunciados por los internos y una parte de los funcionarios implicados, cosa que deja en el campo de la impunidad a todos los funcionarios que no pudieron ser identificados por su participación y/o responsabilidades en los hechos. La dificultad de investigar delitos de tortura y maltratos contra la población reclusa es especialmente alarmante debido a la dificultad de identificar los agresores.

Como CPDT expresamos nuestra satisfacción porque la sentencia desvirtúa las imputaciones que algunas defensas de los acusados y algunos de los sindicatos vinculados al ámbito de prisiones habían cargado contra el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona, una de las entidades que conforman la coordinadora.

Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura: Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura – Alerta Solidària – Centre EXIL – Associació Catalana per la Defensa del Drets Humans – Associació Memòria Contra la Tortura – Associació Stop Bales de Goma – CGT Catalunya – Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona – Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà – Institut de Drets Humans de Catalunya – Justícia i Pau – Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona – Rescat – SOS Racisme Catalunya


Manifiesto por la erradicación de la Tortura

Manifiesto para la erradicación de la tortura y los malos tratos
Madrid, 15 de julio de 2013
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) defensoras de los derechos humanos que
figuran al final de este Manifiesto, y que se han comprometido con la erradicación de la tortura
y los malos tratos en España y en el mundo, se dirigen a la opinión pública con ocasión de la
celebración del Día Mundial de Solidaridad con las Víctimas de la Tortura, celebrado el pasado
26 de junio de 2013, y manifiestan lo siguiente:

_Manifiesto


El Consejo General del Poder Judicial y la prevención de la tortura

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado este pasado jueves 11 de julio “animar a los  jueces españoles a adoptar un enfoque “más proactivo respecto a los poderes de supervisión”” en casos de denuncias por torturas, una de las exigencias que le hacía llegar el Consejo de Europa a través de Comité para la Prevención de la Tortura, propuesta que a su vez trató de sacar adelante sin éxito la vocal del Consejo Margarita Uría. Poco más se puede añadir, si acaso lamentar desde ASAPA una vez más tan flagrante y persistente voluntad en tapar el fenómeno y no tratar de aminorar su impacto.

La versión íntegra del último informe de este Comité del Consejo de Europa sobre la realidad de la tortura en el estado español la podéis consultar en Informe 2011 Comité Prevención Tortura Consejo de Europa

Un resumen de algunos hallazgos sobre casos de torturas y malos tratos contenidos en el mismo: casos – denuncias inf. CPT europeo 2011
Las principales carencias normativas y malas prácticas señaladas por el Comité: malas prácticas y deficiencias normativas inf. CPT europeo 2011

 

  


AQUÍ NO SOBRA NADIE. EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS “MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS”.

En lo que parece obedecer a una política generalizada de abandono del derecho y expulsión sistemática antes que a las responsabilidades asignadas por la legislación nacional e internacional de protección del interés superior de las personas menores de edad, tanto el Ministerio Fiscal como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vienen llevando a cabo una práctica de desprotección y criminalización manifiestamente contraria los principios legales citados.

Los casos de A.K. en Zaragoza (con juicio el próximo 5 de junio) y O.T. en Canarias (ver enlaces adjuntos), lejos de ser excepcionales, son ejemplos de una práctica recurrente que constituye, insistimos, una vulneración de los preceptos legales que han de regir en el ámbito de la protección de los derechos de las personas menores de edad (que son, en todo caso, “menores” antes que extranjeras y que, en cualquier caso, deben ser tratadas como “menores” ante la duda acerca de su edad). La solución no pasa por que la administración se quite de encima la responsabilidad que las leyes le imponen. La solución para el problema de las personas menores de edad sin recursos y desprotegidas es, como para todas las demás, una cuestión de justicia social.

 

Firmas/adhesiones en: asapamenores@hotmail.es

 

ASAPA. C/ Barrioverde nº10. 50.002, Zaragoza. Tel/Fax: 976 39 96 70.

asapa_zgz@hotmail.com / asapamenores@hotmail.es

 

enlaces adjuntos:

 

– Nota de Prensa a propósito del juicio a A.K., menor de edad (según consta en la documentación de su país de origen, Mali, considerada auténtica por la policía científica) acusado como adulto de un supuesto delito de falsedad documental: https://asapa.files.wordpress.com/2013/05/asapa-juicio-a-a-k-por-menor-extranjero-y-pobre.pdf

 

– Denuncia pública emitida por ASAPA el 20 de marzo de 2013 al respecto de la puesta en práctica de la Instrucción 1/2012 de la FGE: https://asapa.files.wordpress.com/2013/03/asapa-sobre-el-registro-de-menas.pdf

 

– Texto de la Instrucción 1/2012 [29 de marzo de 2012] de la Fiscalía General del estado sobre la coordinación del Registro de Menores Extranjeros no acompañados: http://www.intermigra.info/extranjeria/archivos/impresos/INST12012FGE.pdf

 

– Querella por prevaricación presentada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra la Fiscal delegada de extranjería en la Fiscalía Provincial de Las Palmas: http://www.canariasahora.es/media/canariasahora/files/2013/03/06/doc20130227141727.pdf

 

Ley 12/2001 de la infancia y adolescencia en Aragón (Derechos de la infancia y la adolescencia; artículo 9.3: Derecho a ser bien tratado): Toda persona que detecte una situación de riesgo o de posibles malos tratos a menores está obligada a ponerlo en conocimiento de la autoridad competente y a prestarles los auxilios inmediatos necesarios.

 

Sentencia del Tribunal Constitucional de 15/01/2001 (Rº 792/1997): La divulgación de la existencia de irregularidades en la prestación de un servicio público, (…) constituye una actuación de interés general, que deben soportar las personas que tienen encomendadas la gestión del servicio de que se trate dada su condición de “personas públicas” a estos efectos. Quienes tienen a su cargo la gestión de una institución del Estado deben soportar la críticas de su actividad, por muy duras e incluso infundadas que sean, y en su caso, pesa sobre ellas la obligación de dar cumplida cuenta de su falta de fundamento. Pero de ningún modo los personajes públicos pueden sustraer al debate público la forma en que se presta un servicio público.

 

FIRMAS:

* Arainfo Achencia de Noticias. Aragón

* Asamblea del Gancho – Almozara. Zaragoza

* ASAPA -Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón

* Asociación Cultural Candela. Madrid

* ASSI. Zaragoza

* AVV. Lanuza – Casco Viejo. Zaragoza

* Centro de Documentación y Denuncia de la Tortura. Madrid

* César Manzanos. Doctor en Sociología. Profesor de la EUTS. UPV. Vitoria

* Colectivo No a O’Belén. Madrid

* Coordinadora de Barrios. Madrid

* Cruz Maorad. Educadora. Zaragoza

* Derechos Civiles 15M. Zaragoza

* Idoia Saiz. Educadora Social. Zaragoza

* Ignacio Cazcarro. Doctor en Economía. Univ. Zaragoza

* José Ángel Brandariz. Profesor de Derecho Penal. Univ. A Coruña

* José Juan Lanuza. Educador social. Zaragoza

* Manuel Gracia. Técnico en integración. Zaragoza

* Margarita Martínez. Catedrática de Derecho Penal. UCM. Madrid

* Miriam Domingo Marcuello. Educadora social. Zaragoza

* Pastoral San Carlos Borromeo. Madrid

* Patricia Carlavilla. Orientadora de Educación Secundaria. Guadalajara

* Pedro Santisteve. Abogado y profesor. Univ.  Zaragoza

* Red de Apoyo a Sin Papeles. Zaragoza

* Salhaketa

* Teresa Picontó. Profesora de Filosofía y Sociología Jurídica. Univ.  Zaragoza