EL ESTADO PENAL ESPAÑOL. UNA HISTORIA ESPANTOSA [artículo]

Durante décadas, el lazo español entre mercado, estado y castigo ha sido presidido por una masiva burbuja criminal inflada por la creciente tensión entre las políticas desde el delito impune y las políticas contra el delito –peor aún: mediante la hipercriminalización de las llamadas infraclases.

Leer artículo completo:

EL ESTADO PENAL ESPAÑOL. UNA HISTORIA ESPANTOSA – A.Forero & D.Jiménez – Eu


JUSTICIA PARA LIBARDO. UN AÑO DESPUÉS.

El próximo 31 de agosto se cumplirá un año de la muerte de Libardo en su celda de la cárcel de niños “CEIMJ Juslibol” de Zaragoza. Once meses de frustración, vergüenza, dolor y desprecio. A pesar de la montaña de razones objetivas y palmarias que justificaban sobradamente la necesidad de resolver este caso en todos sus términos, tanto el Juzgado de Instrucción nº 8 de Zaragoza como la Fiscalía han hecho lo posible por ocultarlo archivándolo, eludiendo para ello las tareas que por ley les son encomendadas y desestimando los dos recursos interpuestos por el abogado de la familia de Libardo.

Pero hace una semana, en su Auto nº 374/2013 de 18 de julio, la Audiencia Provincial de Zaragoza sí acordó “estimar totalmente el Recurso de Apelación Subsidiario”, revocar la denegación de las pruebas solicitadas y ordenar al Juzgado nº 8 la práctica de las tres diligencias probatorias que solicita la parte apelante en su escrito de fecha 9-10-2012, afirmando que “existen indicios de una omisión negligente de importancia para impedir el resultado avisado, temido y finalmente acaecido”.

leer y descargar el documento completo:

JUSTICIA PARA LIBARDO. Un año después

—toda la información contenida en el documento ha sido publicada a petición (por lo tanto, con el permiso) de la familia de Libardo—

Esta denuncia pública es el enésimo capítulo de una reclamación legal y legítima

en memoria de Libardo,

en solidaridad con su familia,

en el ejercicio de nuestros derechos  

y por el reconocimiento de todos los que a Libardo le fueron arrebatados (que son TODOS).

ASAPA –Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón. 26 de julio de 2013


Ante la negación de la hospitalidad: INSUMISIÓN

Recogemos el comunicado de las asambleas y asociaciones de barrios abajo firmantes:

Ante la negación de la hospitalidad: INSUMISIÓN

Hace tiempo que estamos viendo en las calles de nuestros barrios como muchos de nuestros vecinos son sistemáticamente identificados por la policía nacional. Adolescentes, jóvenes y no tan jóvenes, se ven asediados sin posibilidad de escapar, protestar o reclamar ante nadie.

Por lo que sabemos, de momento no es delito tener la piel de otro color, o que tus rasgos físicos indiquen que tu o tus padres no nacisteis aquí. Ni falta que les hace convertirlo en delito, porque de hecho, ya lo es. No importa cuantas veces nos digan que ya no hay cupos de detenciones a inmigrantes o que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las ONU, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o la propia UE (La misma UE que nos exige más flexibilidad en trabajos que no tenemos o que nos aumenten la edad de las jubilaciones a las que nunca accederemos) diga que es ilegal someter a cacheo o identificación en base exclusiva a criterios étnicos o raciales.

Es inaceptable, inhumana y odiosa, la acción impune que desde el Gobierno y sus cuerpos policiales se demuestra, no sólo hacia personas en situación administrativa irregular, sino contra todas aquellas cuyo aspecto físico les hace sospechar que pueden ser “ilegales”. Ningún ser humano lo es.

Las redadas racistas crean una situación de inseguridad aberrante. Cada vez más personas evitan salir a la calle, por temor a la arbitrariedad de una actuación policial, o a ser recluidos en los modernos campos de concentración, que son los CIE. Agujeros negros de lo que llaman democracia, donde los escasos derechos de los que disfrutamos se quedan en la puerta y son la antesala de deportaciones exprés.

El sometimiento de nuestros vecinos y compañeras a sujetos de trabajo policial contribuye únicamente a una campaña de imagen y criminalización del diferente, del extranjero, que busca su marginación y reducción a simple mano de obra barata y servicial.

Hemos llegado a un  punto en el que hasta se nos niega el derecho a la atención sanitaria. Una vuelta de tuerca más que nos recuerda, que hay personas de primera, de segunda y no-personas. Por todo ésto, desde el movimiento barrial, hemos tomado la determinación de decir ¡Ya basta!

Estamos en resistencia ante las políticas migratorias que no son nada más que una parte de la infamia y la miseria en que nos encontramos.

Ante el proyecto de modificación del artículo 318 bis del código penal, que pretende criminalizar la asistencia a personas en situación administrativa irregular nos declaramos insumisos. Consideramos ilegitima cualquier clasificación de legalidad sobre los seres humanos y por ello, no pondremos límites a la solidaridad ni al compañerismo entre nuestro iguales, los y las de abajo.

Asambleas y asociaciones vecinales firmantes:
Asamblea Gancho- Almozara
Asamblea Delicias
Asamblea San José
Asamblea Oliver
AVV Lanuza-Casco viejo
AVV Venecia-Montes de Torrero


JUICIO a A.K. por MENOR, EXTRANJERO Y POBRE el 5 de junio de 2013

 

PDF ADJUNTO:  ASAPA – JUICIO A A.K. por Menor, Extranjero y POBRE


JUICIO A A.K. POR MENOR, EXTRANJERO Y POBRE

Grupo de Menores de ASAPA –Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón.

22 mayo 2013

A.K., súbdito de Mali y menor de edad, va ser juzgado por la jurisdicción penal de adultos el próximo día 5 de junio. Se le acusa de un delito de falsedad documental.

A.K. entra “ilegalmente” en Melilla y es internado en un CIE, donde manifiesta ser mayor de edad y natural de Burkina Faso con el fin de evitar la extradición a su país. Más tarde, después de recibir su pasaporte, Documento de Identidad y certificado de nacimiento (en los que constaba su minoría de edad) enviados por su familia desde Mali, ingresa en el Centro de Observación y Acogida (COA) dependiente del Servicio de Menores de la DGA.
Como, al parecer, la administración presupone que todos los menores extranjeros mienten, desde el COA se sigue el procedimiento habitual. Es decir: su condición de extranjero prima sobre la de menor. Se traslada a A.K. a extranjería donde, pese a no cometer ningún delito, es interrogado sobre su documentación en los calabozos de la comisaría del Paseo Mª Agustín (en dependencias policiales de adultos), se le toman las huellas dactilares y una foto, se busca su “rastro” en las bases de datos de inmigrantes que tiene la Policía Nacional y la policía científica comprueba la autenticidad de su pasaporte.
Aunque parezca mentira, este es procedimiento “normal”  con un menor extranjero. A partir de aquí empieza lo “irregular”: pese a los documentos que aporta el menor y pese a que el dictamen de la policía científica sobre su pasaporte es que no está falsificado, la declaración que en su momento A.K. realiza en el CIE se prioriza sobre la validez de su documentación. Se solicita a Fiscalía de Menores que autorice la realización de una prueba radiológica para determinar su edad y, sorprendentemente, la Fiscalía autoriza –porque la directiva de FGE de marzo de 2012 ordena realizar la prueba “en caso de duda sobre la edad”.
La radiografía (que es una prueba “aproximativas” con amplio margen de error según las características de cada individuo) estima que A.K. tiene más de 18 años y no menos, como consta en su documentación. Desde ese momento a A.K. se le trata como mayor de edad, es detenido como adulto, pasa dos días en el calabozo, es expulsado del Centro de Acogida y al quedar en libertad se encuentra imputado como adulto de un presunto delito de falsedad documental. Actualmente reside en el Albergue Municipal de Zaragoza.
Aunque todo ese disparate obedece a la supuesta sospecha de que pueda ser mayor de edad, la policía vino a reconocer de forma verbal a la letrada que asistió a A.K. que su pasaporte era aparentemente válido. Más tarde, el informe oficial que la policía científica trasladó al Juzgado dice textualmente en sus conclusiones: “Se estima auténtico el pasaporte analizado”. Pese a esta peritación, pese a que hay abundante documentación sobre lo inexacto de las pruebas de edad y precedentes de juicios ganados por menores en otras comunidades por haber sido considerados como adultos por estos mismos motivos, la Fiscalía de Menores considera que “la única prueba válida para determinar la edad” es la prueba radiológica. Nos preguntamos (y sabemos la respuesta) qué opinaría la fiscalía si el pasaporte fuese canadiense, francés o japonés, por ejemplo, y no africano.

Desde ASAPA denunciamos la situación de A.K. y la violación de derechos fundamentales que supone la política de expulsión sistemática amparada en la Instrucción 1/2012 de la Fiscalía General del Estado[1]. A la vista de que los casos como el de A.K. se vienen repitiendo con más y más frecuencia, el Grupo de Menores de ASAPA ya denunció[2] esta práctica hace dos meses.

La Fiscalía de Menores, lejos de cumplir con su obligación de velar por el interés superior del menor, decide arrojar al chico al Alberge Municipal e imputarle arbitrariamente unos cargos carentes de prueba, ¿tal vez apostando por una condena penal para evitar “enojosos” trámites administrativos y expulsarle más fácilmente de nuestro país?

Del mismo modo, el servicio de Protección de Menores ha sido en todo momento cómplice de esta situación, inhibiéndose de su obligación de proteger al menor pese a tener toda la información que se plasma en este documento. Pese a que esta asociación ha informado repetidas veces a sus máximos responsables (Javier Ferrer, Jefe del Servicio de Protección de Menores y Ana Goez, Subdirectora Provincial de Protección a la infancia y Tutela), el Servicio de menores ha mantenido a A.K. en una situación clara de desamparo.

Entendemos que esta forma de proceder:

– desconoce la legislación vigente en materia de menores tanto en el plano interno como en el internacional;

– supone un desprecio hacia los documentos expedidos por países soberanos y que, por tanto dan prueba fehaciente de la edad de un menor, frente a pruebas no contrastadas (como las radiológicas) en las que ni siquiera viene a expresarse el margen de error de las misma;

– se enmarca dentro de una dinámica establecida en el Servicio de Protección de Menores de cerrar cuantos expedientes sea posible;

Asimismo recordamos que una práctica similar en este mismo contexto ya dio lugar a la interposición, por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, de una querella criminal contra el Ministerio Público ante el TSJ de Canarias por delito de prevaricación.

Grupo de Menores de ASAPA –Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón.

22 mayo 2013

C/ Barrioverde nº10. 50.002, Zaragoza. Tel/Fax: 976 39 96 70. asapa_zgz@hotmail.com / asapamenores@hotmail.es

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[1]Ver el texto de la Directiva [29 de marzo de 2012]:
http://www.intermigra.info/extranjeria/archivos/impresos/INST12012FGE.pdf
[2]La denuncia de ASAPA [20 de marzo de 2013]:
https://asapa.wordpress.com/2013/03/20/nota-de-prensa-sobre-el-registro-de-menores-extranjeros-no-acompanados/


[ASAPA] denuncia pública – MUERTE BAJO CUSTODIA EN LA CÁRCEL DE NIÑOS DE ZARAGOZA

a prensa – MUERTE BAJO CUSTODIA EN LA CARCEL DE NIÑOS DE JUSLIBOL – ASAPA Menores

Al amparo del artículo 9.3 de la LIA y considerando que el caso expuesto a continuación merece ser puesto en conocimiento de las autoridades competentes, ASAPA tramitó las correspondientes denuncias ante la Fiscalía de Menores y la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Zaragoza con fecha 18/03/2013, habiendo recibido de ambas partes el más absoluto silencio por respuesta.

A petición de la familia de Libardo y contando con su voluntad de publicar la información disponible, ponemos el caso en conocimiento de los medios de comunicación con el mismo fin que fue expuesto en primera instancia: exigir que se depuren responsabilidades legales y políticas por una muerte de una persona menor de edad bajo custodia acontecida en circunstancias más que extrañas. Nuestra exigencia es legal y legítima, mientras la respuesta de las autoridades competentes se ha limitado, hasta la fecha, a negar los hechos expuestos y aludir al un archivo judicial del caso –cuyo recurso, por cierto, lleva meses esperando respuesta.

Si los responsables legales y políticos hubieran procedido puntual y correctamente, la información expuesta nunca debería haber sido difundida por esta vía.

La siguiente información responde a datos objetivos y documentados, motiva sobradamente una denuncia por negligencia médica con resultado de muerte y nos obliga a plantear una serie de cuestiones extremadamente graves que deben ser resueltas a la mayor brevedad por las instituciones competentes y sus responsables.

El caso que exponemos a continuación es muy grave y la información que en él se revela es especialmente sensible. Rogamos que los datos sean tratados con escrúpulo, por el debido respeto a la familia del fallecido y el rigor informativo que se presupone a los profesionales de la comunicación. Os agradeceremos que cualquier especulación o juicio de valor que de ellos se derive sea contrastado con el emisor de la información.

Grupo de Menores de ASAPA
Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón


“IVA NO INCLUIDO”, TODO LO DEMÁS SÍ: ACUERDO MARCO DE PLAZAS PARA LA ATENCIÓN DE MENORES BAJO LA “ACCIÓN PROTECTORA” DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

PDF: ASAPA – denuncia pública – Acuerdo Marco plazas protección menores feb-2013

Ver: Gobierno de Aragón – Pliego de cláusulas administrativas particulares, 6 de febrero de 2013. Boletín Oficial de Aragón nº 36, 20 de febrero de 2013

“La cosa está muy mal”: el presupuesto que el IASS oferta hasta el 31 de diciembre de 2016 a quienes quieran atender a los menores protegidos por la administración en Aragón es de 13.963.810,40 euros. Y el negocio se resiente. La atención a las personas menores de edad rinde a una media aproximada de 72 euros por niño-día durante cuatro años, porque lo importante es cuadrar las cuentas. Estamos ironizando, obviamente, porque el cálculo sale rápido: (72×30) x12 = 25.920 euros al año por niño. ¿Alguien en su sano juicio piensa que una familia desestructurada no se estructurará bien con 2.600 euros al mes? Quien así lo piense, buen estructurador será. Nos referimos, claro está, a que no es ésa la cuestión fundamental, sino una fórmula “Privatización & Mercantilización” que está muy de moda y en la que el sistema de menores es pionero: se sigue tratando, reconozcámoslo, de hacer negocio a costa de los niños.

“Se declara la improcedencia de revisión de precios al considerar que, teniendo en cuenta la experiencia acumulada, la estancia media de los menores en los centros de atención es inferior al año y así mismo contribuir al esfuerzo económico que la Administración de la Comunidad Autónoma está realizando para lograr el objetivo de la estabilidad presupuestaria, reduciendo el volumen de obligaciones en la ejecución del contrato” –apartado 7. Precios de las estancias.

Todos los gastos contemplados se incluyen en el precio, salvo el IVA. Pero el disparate de la restricción presupuestaria no sólo se plasma en este cálculo, sino que a él se suman, entre otros factores, los criterios de puntuación establecidos para la licitación y adjudicación del Acuerdo Marco.

“Para la selección de la empresa o entidad[1] que será adjudicataria de cada plaza, se considerará, que sea el recurso idóneo y disponible para el potencial usuario de la plaza, negociándose a la baja el precio máximo de la misma [plaza] que figure en el Acuerdo Marco, adjudicándose el contrato derivado a aquella que presente el precio/plaza más bajo” –apartado 11.1. Procedimiento de selección.

Conclusión… “el precio máximo de cada plaza será el del Acuerdo Marco” –apartado 11.3. Precio de los servicios y prestaciones. Es decir: el precio final será el más barato posible.

Consecuencia… más precariedad laboral, limitación extrema de los recursos disponibles, abandono total de la atención a la salud mental (incumpliendo el artículo 736.2 de la Ley 1/2000), mínima garantía para la prevalencia efectiva del interés superior del menor y sometimiento de éste al criterio de otro interés muy superior: esa perversión política llamada “estabilidad presupuestaria”.

A todo eso se suma la posibilidad de cesión a terceros de “los derechos y obligaciones dimanantes del contrato” (apartado 11.11) o de subcontratación (11.12) de “la realización de prestaciones accesorias”, así como la concesión de 10 puntos “si en el centro colabora personal voluntario” –anexo VII. Criterios objetivos de valoración de las ofertas; incluso la posibilidad de que, si la empresa ganadora se encuentra en una Comunidad Autónoma, la clientela infantil deba abandonar su territorio, su ciudad y su entorno. Tres hurras por el criterio socioeducativo.

“¿Dónde queda la valoración del proyecto educativo?”, podría preguntarse algún lector excéntrico. Pues en ninguna parte. Basta con que exista –acabáramos. La aportación de la “Memoria o proyecto educativo del centro” se limita a un requisito para la acreditación del cumplimiento de los criterios de adjudicación –que debe adjuntarse al apartado tercero: Prestaciones/ servicios adicionales.

Si el sistema de protección y reforma de menores ya llevaba años funcionando como un aparato de reciclaje de las desgracias de los “menos favorecidos” y generación de negocio para otros “bastante más favorecidos”, ahora deriva hacia un aparato de sobreexplotación laboral y [sobre todo] sobreexplotación integral de las personas menores de edad en situación de desamparo, marginación y pobreza. Seguimos citando (ver enlaces a pie) el Informe sobre la situación de la Protección y Reforma de Menores en Aragón elaborado por el Grupo de Menores de ASAPA en 2008 y actualizado en 2009, así como la denuncia publicada por ASAPA el 29 de agosto de 2012 acerca de esa misma cuestión.

Insistimos: a día de hoy, ser un menor de edad protegido o tutelado por el Gobierno de Aragón representa, sin lugar a dudas, un factor de riesgo en muchos casos. En otros, lamentablemente, podemos hablar de menores que, pese encontrarse tutelados por la administración pública, se encuentran en situación de desamparo.

http://bases.cortesaragon.es/bases/NDocumen.nsf/b4e47719711a1d49c12576cd002660cc/753cd15abdbaf5ecc1257657003ec5c1/$FILE/segundo%20informe%20MENORES%20para%20comparecencia%20cortes.%20ASAPA.pdf

https://asapa.files.wordpress.com/2012/09/denuncia-asapa-septiembre-2012.pdf

https://asapa.wordpress.com/2012/09/20/asapa-denuncia-ante-la-fiscalia-y-el-justicia-de-aragon-la-situacion-de-los-centros-de-menores-en-aragon/

Grupo de Menores de ASAPA. Zaragoza, marzo de 2013


[1] ¿“Empresas o entidades”? ¿Las “empresas” no son “entidades”? Lógicamente, sí hay “entidades” que no son “empresas”, pero hace tiempo que las “entidades sin-ónimo de lucro” forman parte del paisaje. La diferencia es que ahora todas ellas deben hacer “más con menos”, agravando las consecuencias sobre los menores de esa vuelta de tuerca en la “gestión eficiente y su precarización correspondiente”.


Nota de Prensa – SOBRE EL REGISTRO DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS

Grupo de Menores de ASAPA –Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón

NOTA DE PRENSA

LA DISCUTIBLE PUESTA EN PRÁCTICA DE LA INSTRUCCIÓN 1/2012 DE LA FGE SOBRE LA COORDINACIÓN DEL REGISTRO DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS

Enlace a la Instrucción: http://www.intermigra.info/extranjeria/archivos/impresos/INST12012FGE.pdf

ARTÍCULO COMPLETO EN PDF ADJUNTO: ASAPA – sobre el Registro de MENAs

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El 29 de marzo de 2012 fue emitida la Instrucción 1/2012 de Fiscalía General del Estado sobre la coordinación del Registro de menores extranjeros no acompañados.

Desde esa fecha, algunas prácticas llevadas a cabo a la sombra de la mencionada instrucción 1/2012 favorecen la posibilidad de que la administración eluda sus obligaciones para con las personas menores de edad que viven en su territorio.

En consecuencia, el “interés superior del menor” no representa de facto el criterio principal en la aplicación de los expedientes de determinación de la edad.

Es triste tener que recordar que, según todas las normas (internacionales y nacionales), un menor extranjero es menor antes que extranjero, también cuando la duda sobre su edad no haya sido efectivamente resuelta y, por tanto, su condición de adulto no haya sido legalmente ratificada.

– La instrucción señala a un colectivo entero y a su “peregrinaje con la esperanza de ver reconocida una minoría de edad que ya ha sido rechazada por otras administraciones” (p. 4-e). Primero: se trata de una acusación generalizada en base a casos puntuales, impropia del rigor que se supone a todo pronunciamiento que emana del Ministerio Fiscal. Segundo: nadie migra “por gusto”, menos sin recursos y aún menos si es menor. Además, en los casos en que eso sucede una de las claves de tal “peregrinaje” es precisamente la ineficacia de la propia administración en los trámites de documentación, como denunciaba hace 5 años el Informe sobre la situación de la Protección y Reforma de Menores en Aragón (pp. 9, 21, 57, 58) –y hace 8 años, en el informe realizado por la asociación Molimo.

– La práctica contraria sí ha sido denunciada por diferentes entidades de defensa de los derechos humanos: durante años se han dado casos de traslado arbitrario y “oficioso” de personas menores de edad que son enviadas a otras CCAA en transporte público sin más información que el nombre y la dirección del centro de menores de la ciudad de destino; una práctica (denunciada mediante escrito de fecha 25-3-09 ante la Fiscalía de Menores de Zaragoza) que podría definirse como “distribución informal de menores extranjeros pobres”.

– Se ha llegado a priorizar los resultados de las polémicas pruebas radiológicas de determinación de la edad (más bien de “apreciación aproximada”) sobre la información contenida en documentos de identidad legales. A esto se añade un hecho que trasciende los criterios jurídicos: algunos profesionales de la administración pública no reconocen la misma presunción de validez a un documento de identidad europeo que al equivalente de un estado africano. Ha llegado a presumirse la falsedad del documento auténtico de un menor, con la consiguiente imputación a éste de un delito de falsedad documental como mayor de edad.

– El riesgo de arbitrariedad construido por acción conjunta de las fuerzas de seguridad, fiscalía y servicios de protección de menores implica una injustificable presunción de mayoría de edad que se impone al interés superior del menor para expulsar al afectado de la esfera de protección de menores –con las nefastas consecuencias que eso implica sobre la realización efectiva de los derechos de las personas y las garantías que obligan a la administración.

– El objetivo de “impedir duplicidades registrales” en la coordinación del Registro de MENAs no puede justificar en ningún caso la sustitución de los principios garantistas de presunción de inocencia e interés superior del menor por una arbitraria “presunción de mayoría de edad”.

Grupo de Menores de ASAPAAsociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón