EL ESTADO PENAL ESPAÑOL. UNA HISTORIA ESPANTOSA [artículo]

Durante décadas, el lazo español entre mercado, estado y castigo ha sido presidido por una masiva burbuja criminal inflada por la creciente tensión entre las políticas desde el delito impune y las políticas contra el delito –peor aún: mediante la hipercriminalización de las llamadas infraclases.

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EL ESTADO PENAL ESPAÑOL. UNA HISTORIA ESPANTOSA – A.Forero & D.Jiménez – Eu

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DOSSIER SOBRE INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE DENUNCIAS POR MALOS TRATOS Y TORTURAS EN ARAGÓN

Dossier ASAPA malos tratos (descargar documento)

Desde la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos en Aragón (ASAPA), con CIF G-50551225, como organización de defensa de los derechos de las personas que cumplen pena privativa de libertad en la Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del Estado Español, y como miembros de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, plataforma integrada por 44 colectivos sociales y grupos de abogados que luchan contra la tortura, agrupadas con el objetivo de velar por la aplicación y el seguimiento de los mecanismos internacionales de prevención de la tortura en el estado español, hemos elaborado este documento que contiene una serie de preocupaciones y dificultades que fueron detectadas durante en el desempeño de nuestro trabajo, y que afectan a las garantías jurídicas de las personas que se encuentran bajo custodia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

            Aún en el conocimiento de nuestras carencias en cuanto a medios materiales, humanos y de ámbito territorial como asociación (integrada por un número reducido de personas, que trata de prestar un servicio en un territorio en concreto y que, dentro de esa demarcación concreta, sólo alcanza a conocer una pequeña parte de la realidad de cualquier fenómeno, por supuesto también del que aquí tratamos de ocuparnos), hemos recopilado sin ánimo ninguno de exhaustividad algunas denuncias por torturas o malos tratos que se interpusieron en esta comunidad autónoma durante los últimos años de actividad de la asociación, con especial atención a las cárceles de Zuera y Daroca dada la naturaleza de nuestro trabajo. A pesar de alcanzar sólo una parte del volumen total de situaciones producidas en este entorno los resultados resultan descriptivos de los obstáculos recurrentes en el acceso a una verdadera tutela judicial para las personas que, habiendo sufrido torturas y malos tratos bajo custodia deciden denunciarlo, ante los tribunales, con todavía mayor dificultad si cabe dentro de las cárceles.

            Dichos obstáculos se han venido traduciendo repetidamente en trabas insalvables en el procedimiento penal, que abocan a la práctica totalidad de tales denuncias o solicitudes de reparación del daño sufrido al archivo sistemático sin haberse realizado una investigación con las garantías debidas, muy lejos de los estándares internacionales que se repiten hasta la saciedad por parte de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos (documentación recopilada en http://www.prevenciontortura.org).            

Con el objetivo de trabajar por la defensa de estos derechos, respecto de las personas presas en particular, nuestra asociación ASAPA presentó un dossier con fecha 27 de junio de 2008 ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza, la cual a su vez nos comunicó con fecha 5 de septiembre de 2008 la apertura de Diligencias de Investigación bajo número 121/2008 y su posterior archivo, sin que hasta día de hoy hayamos tenido por desgracia evidencias de que se haya avanzado en este terreno de la prevención de los malos tratos y torturas.

            Con este documento tratamos de actualizar aquel trabajo y de contribuir en lo posible en el fortalecimiento de las garantías frente a esta particularísima forma de vulneración de derechos.                   

            Asociación de Seguimiento y Apoyo a personas Presas en Aragón – ASAPA

 


LA DICTADURA “DEMOCRÁTICA” PROHIBE LA PROTESTA SOCIAL

César MANZANOS, Doctor en Sociología, miembro de Salhaketa de Araba
 
Este Viernes se celebran dos acontecimientos importantes relacionados con la Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Uno su aprobación en el Congreso de Madrid y, el otro, las Jornadas sobre Criminalización de la Protesta Social y Estrategias de Resistencia Ciudadana en Sevilla, organizadas por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura ante la constatación de que “durante los años 2011 y 2012 los informes de la CPDT han visibilizado un aumento importante en el número de denuncias cuyo origen se enmarca en la represión de las protestas sociales. De las 851 personas agredidas durante 2012, 591 personas lo fueron durante o después de participar en las protestas sociales, lo que supone un 69% del total de personas agredidas que presentan dichos informes”.
Asistimos a los efectos de dos demoledores años de gobierno por un partido único que, al igual que  otros partidos totalitarios en la trágica y aún reciente historia europea, también ha sido apoyado por una mayoría de la ciudadanía, suficiente para por fin tratar de imponernos su proyecto autoritario, para por fin poder actuar sin tener que disfrazar su dictadura con adornos democráticos. Ahora la derecha ya tiene en sus manos toda la maquinaria del estado, su colaboración imprescindible para someter toda relación social a la lógica del mercado, del capital, de un mercado que no nos olvidemos tiene su motor de funcionamiento en la lógica de la guerra permanente. Este proyecto ya en fase de aplicación, se concreta en un cúmulo de medidas rápidas que buscan inhabilitar mediante la amenaza punitiva de la reclusión durante el mayor tiempo posible de encarcelamiento, a quienes se atrevan a protestar ante las reformas políticas, laborales y sociales que están convirtiendo a las clases trabajadoras en infra-clases condenadas a la depauperación y la miseria.

Efectivamente, ahora que no tienen la disculpa de la “violencia armada” para ejercer la represión y catalogar de terroristas a quienes critican y protestan frente a sus imposiciones totalitarias, con la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Corcuera en la mano como referencia, promulgada, no nos olvidemos, por el PSOE en el año 1991, este viernes el actual Gobierno Totalitario de Partido Único sordo e intransigente con la oposición dará un importante paso más en el proceso de conversión del Estado Social en un Estado Militar, Penal y Policial, institucionalizado el estado de excepción permanente mediante una legislación punitiva de carácter administrativo destina ex-profeso a sancionar y tratar de erradicar la protesta social provocada por la devaluación y suspensión de derechos y libertades fundamentales contempladas en el ordenamiento constitucional español.
 
Esta legislación punitiva administrativa se suma a las nuevas  contra-reformas penales que nos recuerdan a las de la época de Aznar y que consisten en alargar las penas para todo tipo de delitos, lo cual ni pretende, ni consigue reducirlos o eliminarlos, sino que responde a intereses políticos y económicos ajenos a la prevención y lucha contra el delito y las diversas formas de violencia en la sociedad. No nos olvidemos de que el potencial sancionador de esta ley contempla sanciones económicas desproporcionadas por manifestarse pacíficamente ante responsables financieros y políticos o antes instituciones del estado, o por presuntamente “insultar” a un funcionario policial o por gravar los abusos y brutalidad policial en manifestaciones de protesta que se ensañan con obreras/os en proceso de despido, personas desahuciadas, jóvenes sin expectativas de futuro, etcétera. De estos sectores que protestan por luchar por el derecho al trabajo, a la sanidad, a la educación o a la vivienda obtendrá el estado un potencial recaudador para engrosar sus arcas y así poder seguir financiando a los bancos y a la industria militar.
 
Mediante esta legislación de excepción, reforzarán la impunidad y la brutalidad policial que ya le ha costado duras críticas al Gobierno Español por parte del Consejo de Europa.  Además amplían el etiquetamiento, criminalizando cualquier forma de resistencia, incluso la “resistencia pasiva”, estigmatizando a otros sujetos sociales como enemigos de la seguridad mediante términos tales como “guerrilla urbana”, “violencia anti-sistema”, etcétera. Cuando quieran, no les hará falta más que ordenar a la policía que se infiltre o presione encendiendo los ánimos (para lo cual está muy bien adiestrada), y lo puede hacer en cualquier tipo de movilización o concentración, para así poder sancionar o encarcelar arbitrariamente a quienes quieran acusar de “ejercer la violencia”, incluso a quienes sin necesidad de estar presentes hayan convocado las acciones en las que se produzca el altercado.

El objetivo es muy claro: pretenden aterrorizar a la población en general y a la juventud en particular para que además de condenarnos al recorte y/o privación del efectivo ejercicio de nuestros derechos fundamentales también se nos condene a la privación del “derecho a reivindicar nuestros derechos” (huelga, expresión, manifestación, reunión, etcétera). Sus asesores les han aconsejado que lo hagan. Saben que estas medidas servirán para crear un clima de violencia, conflicto y desorden social y, ante los aplausos de sus televidentes, buscan achacar a quienes se atreven a protestar, la responsabilidad de los problemas que sus políticas de estado subsidiarias a la iniciativa del capital han creado.

Por eso no es casual que en situaciones de devaluación de los derechos y de las políticas sociales, se recurra a intensificar la represión y las políticas criminales. El estado es una maquinaria de violencia, no nos olvidemos. Los recortes en materias que afectan a seguridad social de la ciudadanía (trabajo, educación, sanidad, etcétera) no afectan a materias relacionadas con la seguridad del estado (gasto militar, policial, penal, etcétera). Las clases dominantes han capturado y secuestrado al estado para privatizarlo, han sepultado por fin la democracia mediante el asesinato de la soberanía popular, principio básico de la misma, desplazando la toma de decisiones a élites de poder económico supra-estatales, convirtiendo al estado en un ente meramente administrativo que recauda y utiliza nuestro dinero para financiar sus empresas desplazadas a otros países, para financiar nuestra ruina.

Contra este proyecto totalitario podemos unirnos y lanzar nuestra ofensiva. Es el momento de resistir y, al parecer, vamos por buen camino, porque sino ni se preocuparían en armarse penal y policialmente contra la insurgencia de unas mayorías ciudadanas hartas de unas clases políticas al servicio de intereses particulares que han secuestrado y asesinado los derechos y libertades públicas. Ahora es tiempo de actuar sin que sepan cómo, con imaginación y eficacia, aplicar nuevas estrategias de respuesta. Así conseguimos en su momento conquistar los derechos democráticos y así luchamos ahora para que no nos los arrebaten.