EXTRACTO RUEDA DE PRENSA / JORNADA CONTRA LOS CENTROS DE MENORES

31 agosto 2013. ESCUCHAR EL EXTRACTO DE LA RUEDA DE PRENSA EN:

http://radiotopo.noblezabaturra.org/2013/09/02/a-un-ano-de-la-muerte-de-libardo/ [Radio Topo]

JORNADA CONTRA LOS CENTROS DE MENORES

SÁBADO 31 DE AGOSTO DE 2013

LIBRERÍA LA PANTERA ROSSA (San Vicente de Paúl). 11.00h

RUEDA DE PRENSA
UN AÑO DESPUÉS DE LA MUERTE DE LIBARDO EN EL CEIMJ JUSLIBOL:
QUEREMOS JUSTICIA

Participan: Juanita Tavárez (madre de Libardo) y miembros de los colectivos de apoyo –desde Burgos, Madrid y Zaragoza.
Convoca: Grupo de Menores de ASAPA

Jornada contra los centros cerrados de menores. Zaragoza. 31 agosto 2013

El próximo sábado 31 de agosto se cumple un año de la muerte de Libardo en su celda de la cárcel de niños “CEIMJ Juslibol” de Zaragoza. Un año vacío de justicia. Un año de vergüenza, dolor y desprecio. Durante los 14 días que pasó encerrado, Libardo fue tratado con psicofármacos sin historial clínico previo, sin diagnóstico conocido y sin recibir visita psiquiátrica, entre otros disparates que ese centro lleva cometiendo desde hace años y que ya fueran denunciados ante los responsables políticos del gobierno y las Cortes de Aragón en 2008. A pesar de la montaña de razones que justifican la necesidad de resolver este caso en todos sus términos, todos y cada uno de los agentes competentes han hecho lo posible por ocultarlo, eludiendo para ello las tareas que por ley les son encomendadas. Todos menos la Audiencia Provincial de Zaragoza, que ha admitido el recurso y ordenado al Juzgado nº8 de Zaragoza que cumpla con su deber, alegando que “existen indicios de una omisión negligente de importancia para impedir el resultado avisado, temido y finalmente acaecido”. Ese “resultado” no es otro que la muerte de Libardo, OTRA muerte de un niño bajo secuestro institucional. Ya son 3 las muertes desde enero de 2013 (en Orense, Pamplona y Zaragoza) y 14 durante los últimos años.
Un año después, todo vuelve al principio. Por eso mantenemos nuestra reclamación, que es legal y legítima, en memoria de Libardo y de todos los niños que han muerto bajo custodia de la llamada “administración pública”, en solidaridad con su familia y con sus familias, en el ejercicio de nuestros derechos y por el reconocimiento de todos los derechos que a Libardo le fueron arrebatados (que son TODOS).
Las cárceles no sirven, ni las de adultos ni las de niños, sólo son fábricas de dolor, tormento y miseria. Queremos justicia.

Firman y participan / ASAPA (Zaragoza), Asociación Cultural Candela (Madrid), Asociación Vecinal de la Madalena Calle y Libertad (Zaragoza), Colectivo No a O’Belén (Madrid), Colectivo Towanda (Zaragoza), Coordinadora de Barrios (Madrid), Coordinadora Antifascista de Zaragoza, Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles (Zaragoza), La Tavaya (Logroño), Madres Contra la Droga (Madrid), Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (Universitat de Barcelona), Oteando –Observatorio para la defensa de los derechos y las libertades (Castilla-León), Plataforma Stop Represión (La Rioja), Saltando Charcos (Burgos), Parroquia San Carlos Borromeo (Madrid).


JUSTICIA PARA LIBARDO. UN AÑO DESPUÉS.

El próximo 31 de agosto se cumplirá un año de la muerte de Libardo en su celda de la cárcel de niños “CEIMJ Juslibol” de Zaragoza. Once meses de frustración, vergüenza, dolor y desprecio. A pesar de la montaña de razones objetivas y palmarias que justificaban sobradamente la necesidad de resolver este caso en todos sus términos, tanto el Juzgado de Instrucción nº 8 de Zaragoza como la Fiscalía han hecho lo posible por ocultarlo archivándolo, eludiendo para ello las tareas que por ley les son encomendadas y desestimando los dos recursos interpuestos por el abogado de la familia de Libardo.

Pero hace una semana, en su Auto nº 374/2013 de 18 de julio, la Audiencia Provincial de Zaragoza sí acordó “estimar totalmente el Recurso de Apelación Subsidiario”, revocar la denegación de las pruebas solicitadas y ordenar al Juzgado nº 8 la práctica de las tres diligencias probatorias que solicita la parte apelante en su escrito de fecha 9-10-2012, afirmando que “existen indicios de una omisión negligente de importancia para impedir el resultado avisado, temido y finalmente acaecido”.

leer y descargar el documento completo:

JUSTICIA PARA LIBARDO. Un año después

—toda la información contenida en el documento ha sido publicada a petición (por lo tanto, con el permiso) de la familia de Libardo—

Esta denuncia pública es el enésimo capítulo de una reclamación legal y legítima

en memoria de Libardo,

en solidaridad con su familia,

en el ejercicio de nuestros derechos  

y por el reconocimiento de todos los que a Libardo le fueron arrebatados (que son TODOS).

ASAPA –Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón. 26 de julio de 2013


Réplica a la noticia publicada en El Periódico de Aragón acerca de la Denuncia Pública de ASAPA. 20/03/2013

Desde el Grupo de Menores de ASAPA hemos hecho llegar a la redacción de El Periódico de Aragón la siguiente réplica con la intención de matizar y aclarar parte del contenido incluido en la redacción de la noticia de hoy 20/03/13 a propósito de la muerte bajo custodia en el CEIMJ Juslibol el 1 de septiembre de 2012.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/la-dga-niega-mala-praxis-en-muerte-de-un-menor-en-juslibol_840165.html
Citamos en negrita el texto de la noticia publicada en EPA:
– En efecto, al joven se le había prescrito un tratamiento con psicofármacos que “podría haber resultado incompatible con la afección que sufría el menor”, pese a que “la familia había comunicado que bajo ningún concepto le fuesen suministrados” esos medicamentos. Pero ASAPA no ha denunciado en ningún momento que se le hubieran dado fármacos “a los que era alérgico”, sino que se le suministraron psicofármacos que podían ser gravemente incompatibles con la afección cerebral sobre la que se le habían realizado pruebas neurológicas y cuyos resultados habrían de ser informados pocos días después. No se trata de una cuestión de alergias sino de un problema muy grave que requería información clara y coordinación exhaustiva entre los servicios de salud y el centro de reforma. Por eso se cuestionamos la existencia y aplicación eficaz de un protocolo de actuación.
– También aseguraron que “en ningún momento esta [ref. la familia] ni terceros manifestaron la incompatibilidad o alergia a algún fármaco”. Precisamente. La respuesta de la familia fue “NO TIENE ALERGIAS PERO SU NEURÓLOGO NOS HA INDICADO QUE NO SE LE MEDIQUE, NI SIQUIERA CON TRANQUILIZANTES SUAVES, NI PASTILLAS PARA DORMIR, NI NADA, PORQUE TIENE UN PROBLEMA SERIO DEL QUE ESTÁ SIENDO TRATADO”.
– Si las Fuentes del Departamento de Servicios Sociales del Ejecutivo desmintieron, como afirma la asociación, haber desatendido a la familia del fallecido, nos gustaría conocer por qué los propios afectados no han llegado a esa conclusión sino a la contraria. No nos parece lo más riguroso que al redactar la noticia (y dado que iba a ser la respuesta del IASS el centro de ésta) nadie se haya puesto en contacto con el abogado de la familia (que es quien podría decidir sobre el tratamiento de datos más sensibles) ni con esta asociación para contrastar o matizar esas afirmaciones. Nos sorprende, además, que se decidiera dedicar la noticia a la respuesta del IASS y no a la nota de prensa publicada, pues esta última y no otra era la declaración que iniciaba la noticia. Consideramos que de ese modo se convierte una reivindicación que parte de la sociedad civil en la materia prima de una respuesta institucional que acaba protagonizando el contenido de la información: La DGA negó ayer mala práctica alguna alrededor del fallecimiento de un menor, el pasado 1 de septiembre, en el Centro de Internamiento de Menores por Medida Judicial de Juslibol, como denunció en un comunicado público la Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón (Asapa), que informó de haber puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores y del Colegio de Médicos de Zaragoza.
Las mismas fuentes, que recordaron que un juez ya archivó el caso en su día y que la DGA no había recibido ningún requerimiento de la Fiscalía, defendió que el menor “fue tratado por el equipo médico y de enfermería del centro”. En primer lugar: existen datos proporcionados desde el propio centro que (como muchos otros y por respeto al debido proceso, no han sido incluidos en la denuncia pública) contradicen esa última afirmación. En segundo lugar: que la DGA no recibiera requerimiento alguno de la Fiscalía no es explicación ni pretexto, sino un elemento más que ilustra la gravedad del caso. En tercer lugar: igualmente, el archivo prácticamente automático del caso (muy común en la mayoría de las muertes bajo custodia, pero que ha sido recurrido por el abogado de la familia) tampoco justifica nada, sino que es más bien una señal que abunda en la ineficaz respuesta de los operadores jurídicos e institucionales competentes.
Frente a las acusaciones de Asapa, el Gobierno negó que la toma de fármacos sea obligatoria y defendió la “larga y acreditada práctica con adolescentes” del personal de la instalación. Primero: “dudosa y sistemática” no es lo mismo que “obligatoria”. ASAPA no ha dicho eso. Segundo: precisamente por larga y acreditada es más grave que se haya hecho oídos sordos durante tantos años a un problema tan poco discutido pero tan discutible como es el del uso de psicofármacos con menores de edad cuyo diagnóstico se reconoce dudoso, indeterminado y en ocasiones inexistente. Lo único cierto a este respecto es que la medicación es la mejor forma de control y pacificación de la población en los centros cerrados. Mantenemos la esperanza de que tanto el Colegio de Médicos de Zaragoza como la Fiscalía de Menores, que cuentan con la información completa sobre el caso, emprendan las acciones procedentes.
Insistimos: dada la gavedad de este caso en particular y dado el más que despreocupado empleo de psicofármacos con personas menores de edad en general, la nota a medios incluida en nuestra denuncia pública obedece a que la gran cantidad de contradicciones, la extrema gravedad del caso y las responsabilidades que podrían deducirse de todo ello incumben a los más altos niveles del centro y del servicio de menores del IASS:
NOTA a medios: el caso que exponemos a continuación es muy grave y la información que en él se revela es especialmente sensible. Nos limitamos, por tanto, a publicar el contenido mínimo necesario (ver archivo adjunto). Rogamos que los datos sean tratados con escrúpulo, por el debido respeto a la familia del fallecido y el rigor informativo que se presupone a los profesionales de la comunicación. Os agradeceremos que cualquier especulación o juicio de valor que de ellos se derive sea contrastado con el emisor de la información“.

Grupo de Menores de ASAPA. 20/03/2013


DENUNCIA PÚBLICA. OTRA MUERTE BAJO CUSTODIA – CEIMJ Juslibol, Zaragoza

 

NOTA DE PRENSA – DENUNCIA PÚBLICA

Otra muerte bajo custodia

Cárcel de menores de Juslibol, Zaragoza, 30-08-2012

Grupo de Menores de ASAPA

(Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón)

NOTA: el caso que exponemos a continuación es muy grave y la información que en él se revela es especialmente sensible. Nos limitamos, por tanto, a publicar el contenido mínimo necesario. Rogamos que los datos sean tratados con escrúpulo, por el debido respeto a la familia del fallecido y el rigor informativo que se presupone a los profesionales de la comunicación. Os agradeceremos que cualquier especulación o juicio de valor que de ellos se derive sea contrastado con el emisor de la información.

La divulgación de la existencia de irregularidades en la prestación de un servicio público, (…) constituye una actuación de interés general, que deben soportar las personas que tienen encomendadas la gestión del servicio de que se trate dada su condición de “personas públicas” a estos efectos. Quienes tienen a su cargo la gestión de una institución del Estado deben soportar la críticas de su actividad, por muy duras e incluso infundadas que sean, y en su caso, pesa sobre ellas la obligación de dar cumplida cuenta de su falta de fundamento. Pero de ningún modo los personajes públicos pueden sustraer al debate público la forma en que se presta un servicio público (Sentencia del Tribunal Constitucional de 15/01/2001 –Rº 792/1997).

ASAPA emite esta denuncia pública

– a la vista de que la familia no ha recibido asistencia ni atención ni la administración ha asumido responsabilidad alguna durante los meses posteriores a la muerte de Libardo.

– ante las muy razonables y serias dudas acerca de una comunicación eficaz y una adecuada coordinación entre los servicios de salud, protección y reforma.

– ante lo que interpretamos como una práctica dudosa y sistemática por parte del servicio médico del CEIMJ Juslibol, gestionado por una entidad privada pero cuya responsabilidad última corresponde al Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón.

– dado que, pese a la presunta gravedad de los hechos, la intención inicial mostrada por el juzgado de instrucción nº 8 de Zaragoza fue decretar el archivo del expediente y el cierre de la vía penal.

– ante el injustificado retraso en la respuesta a la solicitud de pruebas y al recurso presentado por el abogado que asiste a la familia de Libardo.

– con la esperanza de que este caso no represente un capítulo más en la lista interminable de muertes silenciosas bajo custodia.

– para exigir la depuración de unas responsabilidades legales y políticas sin las cuales los poderes públicos no pueden aspirar a considerarse democráticos.

(texto completo en pdf adjunto)

ASAPA – denuncia pública – MUERTE BAJO CUSTODIA EN CÁRCEL DE MENORES