EL ESTADO PENAL ESPAÑOL. UNA HISTORIA ESPANTOSA [artículo]

Durante décadas, el lazo español entre mercado, estado y castigo ha sido presidido por una masiva burbuja criminal inflada por la creciente tensión entre las políticas desde el delito impune y las políticas contra el delito –peor aún: mediante la hipercriminalización de las llamadas infraclases.

Leer artículo completo:

EL ESTADO PENAL ESPAÑOL. UNA HISTORIA ESPANTOSA – A.Forero & D.Jiménez – Eu

Anuncios

EXTRACTO RUEDA DE PRENSA / JORNADA CONTRA LOS CENTROS DE MENORES

31 agosto 2013. ESCUCHAR EL EXTRACTO DE LA RUEDA DE PRENSA EN:

http://radiotopo.noblezabaturra.org/2013/09/02/a-un-ano-de-la-muerte-de-libardo/ [Radio Topo]

JORNADA CONTRA LOS CENTROS DE MENORES

SÁBADO 31 DE AGOSTO DE 2013

LIBRERÍA LA PANTERA ROSSA (San Vicente de Paúl). 11.00h

RUEDA DE PRENSA
UN AÑO DESPUÉS DE LA MUERTE DE LIBARDO EN EL CEIMJ JUSLIBOL:
QUEREMOS JUSTICIA

Participan: Juanita Tavárez (madre de Libardo) y miembros de los colectivos de apoyo –desde Burgos, Madrid y Zaragoza.
Convoca: Grupo de Menores de ASAPA

Jornada contra los centros cerrados de menores. Zaragoza. 31 agosto 2013

El próximo sábado 31 de agosto se cumple un año de la muerte de Libardo en su celda de la cárcel de niños “CEIMJ Juslibol” de Zaragoza. Un año vacío de justicia. Un año de vergüenza, dolor y desprecio. Durante los 14 días que pasó encerrado, Libardo fue tratado con psicofármacos sin historial clínico previo, sin diagnóstico conocido y sin recibir visita psiquiátrica, entre otros disparates que ese centro lleva cometiendo desde hace años y que ya fueran denunciados ante los responsables políticos del gobierno y las Cortes de Aragón en 2008. A pesar de la montaña de razones que justifican la necesidad de resolver este caso en todos sus términos, todos y cada uno de los agentes competentes han hecho lo posible por ocultarlo, eludiendo para ello las tareas que por ley les son encomendadas. Todos menos la Audiencia Provincial de Zaragoza, que ha admitido el recurso y ordenado al Juzgado nº8 de Zaragoza que cumpla con su deber, alegando que “existen indicios de una omisión negligente de importancia para impedir el resultado avisado, temido y finalmente acaecido”. Ese “resultado” no es otro que la muerte de Libardo, OTRA muerte de un niño bajo secuestro institucional. Ya son 3 las muertes desde enero de 2013 (en Orense, Pamplona y Zaragoza) y 14 durante los últimos años.
Un año después, todo vuelve al principio. Por eso mantenemos nuestra reclamación, que es legal y legítima, en memoria de Libardo y de todos los niños que han muerto bajo custodia de la llamada “administración pública”, en solidaridad con su familia y con sus familias, en el ejercicio de nuestros derechos y por el reconocimiento de todos los derechos que a Libardo le fueron arrebatados (que son TODOS).
Las cárceles no sirven, ni las de adultos ni las de niños, sólo son fábricas de dolor, tormento y miseria. Queremos justicia.

Firman y participan / ASAPA (Zaragoza), Asociación Cultural Candela (Madrid), Asociación Vecinal de la Madalena Calle y Libertad (Zaragoza), Colectivo No a O’Belén (Madrid), Colectivo Towanda (Zaragoza), Coordinadora de Barrios (Madrid), Coordinadora Antifascista de Zaragoza, Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles (Zaragoza), La Tavaya (Logroño), Madres Contra la Droga (Madrid), Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (Universitat de Barcelona), Oteando –Observatorio para la defensa de los derechos y las libertades (Castilla-León), Plataforma Stop Represión (La Rioja), Saltando Charcos (Burgos), Parroquia San Carlos Borromeo (Madrid).


JUSTICIA PARA LIBARDO. UN AÑO DESPUÉS.

El próximo 31 de agosto se cumplirá un año de la muerte de Libardo en su celda de la cárcel de niños “CEIMJ Juslibol” de Zaragoza. Once meses de frustración, vergüenza, dolor y desprecio. A pesar de la montaña de razones objetivas y palmarias que justificaban sobradamente la necesidad de resolver este caso en todos sus términos, tanto el Juzgado de Instrucción nº 8 de Zaragoza como la Fiscalía han hecho lo posible por ocultarlo archivándolo, eludiendo para ello las tareas que por ley les son encomendadas y desestimando los dos recursos interpuestos por el abogado de la familia de Libardo.

Pero hace una semana, en su Auto nº 374/2013 de 18 de julio, la Audiencia Provincial de Zaragoza sí acordó “estimar totalmente el Recurso de Apelación Subsidiario”, revocar la denegación de las pruebas solicitadas y ordenar al Juzgado nº 8 la práctica de las tres diligencias probatorias que solicita la parte apelante en su escrito de fecha 9-10-2012, afirmando que “existen indicios de una omisión negligente de importancia para impedir el resultado avisado, temido y finalmente acaecido”.

leer y descargar el documento completo:

JUSTICIA PARA LIBARDO. Un año después

—toda la información contenida en el documento ha sido publicada a petición (por lo tanto, con el permiso) de la familia de Libardo—

Esta denuncia pública es el enésimo capítulo de una reclamación legal y legítima

en memoria de Libardo,

en solidaridad con su familia,

en el ejercicio de nuestros derechos  

y por el reconocimiento de todos los que a Libardo le fueron arrebatados (que son TODOS).

ASAPA –Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón. 26 de julio de 2013


La nueva mano dura. Cárcel, recortes y puertas traseras.

AUDIOS:

http://tokata.info/?p=10726

http://www.traficantes.net/actividad/la-nueva-mano-dura-carcel-recortes-y-puertas-traseras-por-que-y-para-que-otra-reforma-del-

lunes 24 de junio, librería Traficantes de Sueños (Madrid):

acto sobre la propuesta de reforma del Código Penal

http://ala.org.es/reforma-del-codigo-penal-la-nueva-mano-dura-carcel-recortes-y-puertas-traseras/

Después de tres décadas de aumento exponencial de la población penitenciaria (de unas 10.000 personas presas en 1978 presas a casi 77.000 en 2009), empieza a experimentarse un leve descenso. En un contexto de dura crisis económica, las previsiones criminológicas clásicas habrían predicho un aumento de la delincuencia, y por tanto, de la población reclusa. Pero ni una ni otra cosa han sucedido. ¿Por qué? ¿El descenso es una cuestión coyuntural o estamos ante un cambio de ciclo? Como tercer elemento, el gobierno del PP proyecta una nueva reforma del Código Penal, claramente influenciada por el alarmismo mediático y la siempre mutante excepcionalidad penal, que ahora trasmuta hacia el enemigo disidente y “antisistema”. Esa llamada a una mayor penalidad viene acompañada de una necesidad económica de reducir el volumen insostenible de población penitenciaria, modificando el Código Penal en sentido claramente eficientista y dando un golpe de gracia al artículo 25.2 de la CE que proclama la reinserción social de los penados como fin constitucional de la pena privativa de libertad.


“ME TRATARON COMO A UN DELINCUENTE”… ¿?

Grupo de Menores, 9 de junio de 2013

El delito no existe. Sólo existen los actos. Estos actos a menudo reciben diferentes significados dentro de los diversos contextos sociales. Los actos y los significados que les son dados son nuestros datos. Nuestro desafío es seguir el destino de estos actos a través del universo de significados. Particularmente, desvelar las condiciones sociales que estimulan o impiden que a determinados actos se les otorgue significado delictivo (Nils Christie, ‘Una sensata cantidad de delito’).

¿Qué es un ‘delincuente’? ¿Quién dice qué es o no ‘delito’? ¿Quién señala al ‘delincuente’ y por qué? ¿Por qué cuando sufrimos el abuso del poder insistimos tanto en afirmar nuestra condición de ‘no-delincuentes’? Sobre todo: ¿por qué no deberíamos usar esa palabrota a la ligera?

texto completo:

Me trataron como a un delincuente -ASAPAMenores


Ante la negación de la hospitalidad: INSUMISIÓN

Recogemos el comunicado de las asambleas y asociaciones de barrios abajo firmantes:

Ante la negación de la hospitalidad: INSUMISIÓN

Hace tiempo que estamos viendo en las calles de nuestros barrios como muchos de nuestros vecinos son sistemáticamente identificados por la policía nacional. Adolescentes, jóvenes y no tan jóvenes, se ven asediados sin posibilidad de escapar, protestar o reclamar ante nadie.

Por lo que sabemos, de momento no es delito tener la piel de otro color, o que tus rasgos físicos indiquen que tu o tus padres no nacisteis aquí. Ni falta que les hace convertirlo en delito, porque de hecho, ya lo es. No importa cuantas veces nos digan que ya no hay cupos de detenciones a inmigrantes o que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las ONU, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o la propia UE (La misma UE que nos exige más flexibilidad en trabajos que no tenemos o que nos aumenten la edad de las jubilaciones a las que nunca accederemos) diga que es ilegal someter a cacheo o identificación en base exclusiva a criterios étnicos o raciales.

Es inaceptable, inhumana y odiosa, la acción impune que desde el Gobierno y sus cuerpos policiales se demuestra, no sólo hacia personas en situación administrativa irregular, sino contra todas aquellas cuyo aspecto físico les hace sospechar que pueden ser “ilegales”. Ningún ser humano lo es.

Las redadas racistas crean una situación de inseguridad aberrante. Cada vez más personas evitan salir a la calle, por temor a la arbitrariedad de una actuación policial, o a ser recluidos en los modernos campos de concentración, que son los CIE. Agujeros negros de lo que llaman democracia, donde los escasos derechos de los que disfrutamos se quedan en la puerta y son la antesala de deportaciones exprés.

El sometimiento de nuestros vecinos y compañeras a sujetos de trabajo policial contribuye únicamente a una campaña de imagen y criminalización del diferente, del extranjero, que busca su marginación y reducción a simple mano de obra barata y servicial.

Hemos llegado a un  punto en el que hasta se nos niega el derecho a la atención sanitaria. Una vuelta de tuerca más que nos recuerda, que hay personas de primera, de segunda y no-personas. Por todo ésto, desde el movimiento barrial, hemos tomado la determinación de decir ¡Ya basta!

Estamos en resistencia ante las políticas migratorias que no son nada más que una parte de la infamia y la miseria en que nos encontramos.

Ante el proyecto de modificación del artículo 318 bis del código penal, que pretende criminalizar la asistencia a personas en situación administrativa irregular nos declaramos insumisos. Consideramos ilegitima cualquier clasificación de legalidad sobre los seres humanos y por ello, no pondremos límites a la solidaridad ni al compañerismo entre nuestro iguales, los y las de abajo.

Asambleas y asociaciones vecinales firmantes:
Asamblea Gancho- Almozara
Asamblea Delicias
Asamblea San José
Asamblea Oliver
AVV Lanuza-Casco viejo
AVV Venecia-Montes de Torrero


JUICIO a A.K. por MENOR, EXTRANJERO Y POBRE el 5 de junio de 2013

 

PDF ADJUNTO:  ASAPA – JUICIO A A.K. por Menor, Extranjero y POBRE


JUICIO A A.K. POR MENOR, EXTRANJERO Y POBRE

Grupo de Menores de ASAPA –Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón.

22 mayo 2013

A.K., súbdito de Mali y menor de edad, va ser juzgado por la jurisdicción penal de adultos el próximo día 5 de junio. Se le acusa de un delito de falsedad documental.

A.K. entra “ilegalmente” en Melilla y es internado en un CIE, donde manifiesta ser mayor de edad y natural de Burkina Faso con el fin de evitar la extradición a su país. Más tarde, después de recibir su pasaporte, Documento de Identidad y certificado de nacimiento (en los que constaba su minoría de edad) enviados por su familia desde Mali, ingresa en el Centro de Observación y Acogida (COA) dependiente del Servicio de Menores de la DGA.
Como, al parecer, la administración presupone que todos los menores extranjeros mienten, desde el COA se sigue el procedimiento habitual. Es decir: su condición de extranjero prima sobre la de menor. Se traslada a A.K. a extranjería donde, pese a no cometer ningún delito, es interrogado sobre su documentación en los calabozos de la comisaría del Paseo Mª Agustín (en dependencias policiales de adultos), se le toman las huellas dactilares y una foto, se busca su “rastro” en las bases de datos de inmigrantes que tiene la Policía Nacional y la policía científica comprueba la autenticidad de su pasaporte.
Aunque parezca mentira, este es procedimiento “normal”  con un menor extranjero. A partir de aquí empieza lo “irregular”: pese a los documentos que aporta el menor y pese a que el dictamen de la policía científica sobre su pasaporte es que no está falsificado, la declaración que en su momento A.K. realiza en el CIE se prioriza sobre la validez de su documentación. Se solicita a Fiscalía de Menores que autorice la realización de una prueba radiológica para determinar su edad y, sorprendentemente, la Fiscalía autoriza –porque la directiva de FGE de marzo de 2012 ordena realizar la prueba “en caso de duda sobre la edad”.
La radiografía (que es una prueba “aproximativas” con amplio margen de error según las características de cada individuo) estima que A.K. tiene más de 18 años y no menos, como consta en su documentación. Desde ese momento a A.K. se le trata como mayor de edad, es detenido como adulto, pasa dos días en el calabozo, es expulsado del Centro de Acogida y al quedar en libertad se encuentra imputado como adulto de un presunto delito de falsedad documental. Actualmente reside en el Albergue Municipal de Zaragoza.
Aunque todo ese disparate obedece a la supuesta sospecha de que pueda ser mayor de edad, la policía vino a reconocer de forma verbal a la letrada que asistió a A.K. que su pasaporte era aparentemente válido. Más tarde, el informe oficial que la policía científica trasladó al Juzgado dice textualmente en sus conclusiones: “Se estima auténtico el pasaporte analizado”. Pese a esta peritación, pese a que hay abundante documentación sobre lo inexacto de las pruebas de edad y precedentes de juicios ganados por menores en otras comunidades por haber sido considerados como adultos por estos mismos motivos, la Fiscalía de Menores considera que “la única prueba válida para determinar la edad” es la prueba radiológica. Nos preguntamos (y sabemos la respuesta) qué opinaría la fiscalía si el pasaporte fuese canadiense, francés o japonés, por ejemplo, y no africano.

Desde ASAPA denunciamos la situación de A.K. y la violación de derechos fundamentales que supone la política de expulsión sistemática amparada en la Instrucción 1/2012 de la Fiscalía General del Estado[1]. A la vista de que los casos como el de A.K. se vienen repitiendo con más y más frecuencia, el Grupo de Menores de ASAPA ya denunció[2] esta práctica hace dos meses.

La Fiscalía de Menores, lejos de cumplir con su obligación de velar por el interés superior del menor, decide arrojar al chico al Alberge Municipal e imputarle arbitrariamente unos cargos carentes de prueba, ¿tal vez apostando por una condena penal para evitar “enojosos” trámites administrativos y expulsarle más fácilmente de nuestro país?

Del mismo modo, el servicio de Protección de Menores ha sido en todo momento cómplice de esta situación, inhibiéndose de su obligación de proteger al menor pese a tener toda la información que se plasma en este documento. Pese a que esta asociación ha informado repetidas veces a sus máximos responsables (Javier Ferrer, Jefe del Servicio de Protección de Menores y Ana Goez, Subdirectora Provincial de Protección a la infancia y Tutela), el Servicio de menores ha mantenido a A.K. en una situación clara de desamparo.

Entendemos que esta forma de proceder:

– desconoce la legislación vigente en materia de menores tanto en el plano interno como en el internacional;

– supone un desprecio hacia los documentos expedidos por países soberanos y que, por tanto dan prueba fehaciente de la edad de un menor, frente a pruebas no contrastadas (como las radiológicas) en las que ni siquiera viene a expresarse el margen de error de las misma;

– se enmarca dentro de una dinámica establecida en el Servicio de Protección de Menores de cerrar cuantos expedientes sea posible;

Asimismo recordamos que una práctica similar en este mismo contexto ya dio lugar a la interposición, por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, de una querella criminal contra el Ministerio Público ante el TSJ de Canarias por delito de prevaricación.

Grupo de Menores de ASAPA –Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón.

22 mayo 2013

C/ Barrioverde nº10. 50.002, Zaragoza. Tel/Fax: 976 39 96 70. asapa_zgz@hotmail.com / asapamenores@hotmail.es

________________________________

[1]Ver el texto de la Directiva [29 de marzo de 2012]:
http://www.intermigra.info/extranjeria/archivos/impresos/INST12012FGE.pdf
[2]La denuncia de ASAPA [20 de marzo de 2013]:
https://asapa.wordpress.com/2013/03/20/nota-de-prensa-sobre-el-registro-de-menores-extranjeros-no-acompanados/