EXTRACTO RUEDA DE PRENSA / JORNADA CONTRA LOS CENTROS DE MENORES

31 agosto 2013. ESCUCHAR EL EXTRACTO DE LA RUEDA DE PRENSA EN:

http://radiotopo.noblezabaturra.org/2013/09/02/a-un-ano-de-la-muerte-de-libardo/ [Radio Topo]

JORNADA CONTRA LOS CENTROS DE MENORES

SÁBADO 31 DE AGOSTO DE 2013

LIBRERÍA LA PANTERA ROSSA (San Vicente de Paúl). 11.00h

RUEDA DE PRENSA
UN AÑO DESPUÉS DE LA MUERTE DE LIBARDO EN EL CEIMJ JUSLIBOL:
QUEREMOS JUSTICIA

Participan: Juanita Tavárez (madre de Libardo) y miembros de los colectivos de apoyo –desde Burgos, Madrid y Zaragoza.
Convoca: Grupo de Menores de ASAPA

Jornada contra los centros cerrados de menores. Zaragoza. 31 agosto 2013

El próximo sábado 31 de agosto se cumple un año de la muerte de Libardo en su celda de la cárcel de niños “CEIMJ Juslibol” de Zaragoza. Un año vacío de justicia. Un año de vergüenza, dolor y desprecio. Durante los 14 días que pasó encerrado, Libardo fue tratado con psicofármacos sin historial clínico previo, sin diagnóstico conocido y sin recibir visita psiquiátrica, entre otros disparates que ese centro lleva cometiendo desde hace años y que ya fueran denunciados ante los responsables políticos del gobierno y las Cortes de Aragón en 2008. A pesar de la montaña de razones que justifican la necesidad de resolver este caso en todos sus términos, todos y cada uno de los agentes competentes han hecho lo posible por ocultarlo, eludiendo para ello las tareas que por ley les son encomendadas. Todos menos la Audiencia Provincial de Zaragoza, que ha admitido el recurso y ordenado al Juzgado nº8 de Zaragoza que cumpla con su deber, alegando que “existen indicios de una omisión negligente de importancia para impedir el resultado avisado, temido y finalmente acaecido”. Ese “resultado” no es otro que la muerte de Libardo, OTRA muerte de un niño bajo secuestro institucional. Ya son 3 las muertes desde enero de 2013 (en Orense, Pamplona y Zaragoza) y 14 durante los últimos años.
Un año después, todo vuelve al principio. Por eso mantenemos nuestra reclamación, que es legal y legítima, en memoria de Libardo y de todos los niños que han muerto bajo custodia de la llamada “administración pública”, en solidaridad con su familia y con sus familias, en el ejercicio de nuestros derechos y por el reconocimiento de todos los derechos que a Libardo le fueron arrebatados (que son TODOS).
Las cárceles no sirven, ni las de adultos ni las de niños, sólo son fábricas de dolor, tormento y miseria. Queremos justicia.

Firman y participan / ASAPA (Zaragoza), Asociación Cultural Candela (Madrid), Asociación Vecinal de la Madalena Calle y Libertad (Zaragoza), Colectivo No a O’Belén (Madrid), Colectivo Towanda (Zaragoza), Coordinadora de Barrios (Madrid), Coordinadora Antifascista de Zaragoza, Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles (Zaragoza), La Tavaya (Logroño), Madres Contra la Droga (Madrid), Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (Universitat de Barcelona), Oteando –Observatorio para la defensa de los derechos y las libertades (Castilla-León), Plataforma Stop Represión (La Rioja), Saltando Charcos (Burgos), Parroquia San Carlos Borromeo (Madrid).

Anuncios

JUSTICIA PARA LIBARDO. UN AÑO DESPUÉS.

El próximo 31 de agosto se cumplirá un año de la muerte de Libardo en su celda de la cárcel de niños “CEIMJ Juslibol” de Zaragoza. Once meses de frustración, vergüenza, dolor y desprecio. A pesar de la montaña de razones objetivas y palmarias que justificaban sobradamente la necesidad de resolver este caso en todos sus términos, tanto el Juzgado de Instrucción nº 8 de Zaragoza como la Fiscalía han hecho lo posible por ocultarlo archivándolo, eludiendo para ello las tareas que por ley les son encomendadas y desestimando los dos recursos interpuestos por el abogado de la familia de Libardo.

Pero hace una semana, en su Auto nº 374/2013 de 18 de julio, la Audiencia Provincial de Zaragoza sí acordó “estimar totalmente el Recurso de Apelación Subsidiario”, revocar la denegación de las pruebas solicitadas y ordenar al Juzgado nº 8 la práctica de las tres diligencias probatorias que solicita la parte apelante en su escrito de fecha 9-10-2012, afirmando que “existen indicios de una omisión negligente de importancia para impedir el resultado avisado, temido y finalmente acaecido”.

leer y descargar el documento completo:

JUSTICIA PARA LIBARDO. Un año después

—toda la información contenida en el documento ha sido publicada a petición (por lo tanto, con el permiso) de la familia de Libardo—

Esta denuncia pública es el enésimo capítulo de una reclamación legal y legítima

en memoria de Libardo,

en solidaridad con su familia,

en el ejercicio de nuestros derechos  

y por el reconocimiento de todos los que a Libardo le fueron arrebatados (que son TODOS).

ASAPA –Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón. 26 de julio de 2013


“ME TRATARON COMO A UN DELINCUENTE”… ¿?

Grupo de Menores, 9 de junio de 2013

El delito no existe. Sólo existen los actos. Estos actos a menudo reciben diferentes significados dentro de los diversos contextos sociales. Los actos y los significados que les son dados son nuestros datos. Nuestro desafío es seguir el destino de estos actos a través del universo de significados. Particularmente, desvelar las condiciones sociales que estimulan o impiden que a determinados actos se les otorgue significado delictivo (Nils Christie, ‘Una sensata cantidad de delito’).

¿Qué es un ‘delincuente’? ¿Quién dice qué es o no ‘delito’? ¿Quién señala al ‘delincuente’ y por qué? ¿Por qué cuando sufrimos el abuso del poder insistimos tanto en afirmar nuestra condición de ‘no-delincuentes’? Sobre todo: ¿por qué no deberíamos usar esa palabrota a la ligera?

texto completo:

Me trataron como a un delincuente -ASAPAMenores


AQUÍ NO SOBRA NADIE. EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS “MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS”.

En lo que parece obedecer a una política generalizada de abandono del derecho y expulsión sistemática antes que a las responsabilidades asignadas por la legislación nacional e internacional de protección del interés superior de las personas menores de edad, tanto el Ministerio Fiscal como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vienen llevando a cabo una práctica de desprotección y criminalización manifiestamente contraria los principios legales citados.

Los casos de A.K. en Zaragoza (con juicio el próximo 5 de junio) y O.T. en Canarias (ver enlaces adjuntos), lejos de ser excepcionales, son ejemplos de una práctica recurrente que constituye, insistimos, una vulneración de los preceptos legales que han de regir en el ámbito de la protección de los derechos de las personas menores de edad (que son, en todo caso, “menores” antes que extranjeras y que, en cualquier caso, deben ser tratadas como “menores” ante la duda acerca de su edad). La solución no pasa por que la administración se quite de encima la responsabilidad que las leyes le imponen. La solución para el problema de las personas menores de edad sin recursos y desprotegidas es, como para todas las demás, una cuestión de justicia social.

 

Firmas/adhesiones en: asapamenores@hotmail.es

 

ASAPA. C/ Barrioverde nº10. 50.002, Zaragoza. Tel/Fax: 976 39 96 70.

asapa_zgz@hotmail.com / asapamenores@hotmail.es

 

enlaces adjuntos:

 

– Nota de Prensa a propósito del juicio a A.K., menor de edad (según consta en la documentación de su país de origen, Mali, considerada auténtica por la policía científica) acusado como adulto de un supuesto delito de falsedad documental: https://asapa.files.wordpress.com/2013/05/asapa-juicio-a-a-k-por-menor-extranjero-y-pobre.pdf

 

– Denuncia pública emitida por ASAPA el 20 de marzo de 2013 al respecto de la puesta en práctica de la Instrucción 1/2012 de la FGE: https://asapa.files.wordpress.com/2013/03/asapa-sobre-el-registro-de-menas.pdf

 

– Texto de la Instrucción 1/2012 [29 de marzo de 2012] de la Fiscalía General del estado sobre la coordinación del Registro de Menores Extranjeros no acompañados: http://www.intermigra.info/extranjeria/archivos/impresos/INST12012FGE.pdf

 

– Querella por prevaricación presentada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra la Fiscal delegada de extranjería en la Fiscalía Provincial de Las Palmas: http://www.canariasahora.es/media/canariasahora/files/2013/03/06/doc20130227141727.pdf

 

Ley 12/2001 de la infancia y adolescencia en Aragón (Derechos de la infancia y la adolescencia; artículo 9.3: Derecho a ser bien tratado): Toda persona que detecte una situación de riesgo o de posibles malos tratos a menores está obligada a ponerlo en conocimiento de la autoridad competente y a prestarles los auxilios inmediatos necesarios.

 

Sentencia del Tribunal Constitucional de 15/01/2001 (Rº 792/1997): La divulgación de la existencia de irregularidades en la prestación de un servicio público, (…) constituye una actuación de interés general, que deben soportar las personas que tienen encomendadas la gestión del servicio de que se trate dada su condición de “personas públicas” a estos efectos. Quienes tienen a su cargo la gestión de una institución del Estado deben soportar la críticas de su actividad, por muy duras e incluso infundadas que sean, y en su caso, pesa sobre ellas la obligación de dar cumplida cuenta de su falta de fundamento. Pero de ningún modo los personajes públicos pueden sustraer al debate público la forma en que se presta un servicio público.

 

FIRMAS:

* Arainfo Achencia de Noticias. Aragón

* Asamblea del Gancho – Almozara. Zaragoza

* ASAPA -Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón

* Asociación Cultural Candela. Madrid

* ASSI. Zaragoza

* AVV. Lanuza – Casco Viejo. Zaragoza

* Centro de Documentación y Denuncia de la Tortura. Madrid

* César Manzanos. Doctor en Sociología. Profesor de la EUTS. UPV. Vitoria

* Colectivo No a O’Belén. Madrid

* Coordinadora de Barrios. Madrid

* Cruz Maorad. Educadora. Zaragoza

* Derechos Civiles 15M. Zaragoza

* Idoia Saiz. Educadora Social. Zaragoza

* Ignacio Cazcarro. Doctor en Economía. Univ. Zaragoza

* José Ángel Brandariz. Profesor de Derecho Penal. Univ. A Coruña

* José Juan Lanuza. Educador social. Zaragoza

* Manuel Gracia. Técnico en integración. Zaragoza

* Margarita Martínez. Catedrática de Derecho Penal. UCM. Madrid

* Miriam Domingo Marcuello. Educadora social. Zaragoza

* Pastoral San Carlos Borromeo. Madrid

* Patricia Carlavilla. Orientadora de Educación Secundaria. Guadalajara

* Pedro Santisteve. Abogado y profesor. Univ.  Zaragoza

* Red de Apoyo a Sin Papeles. Zaragoza

* Salhaketa

* Teresa Picontó. Profesora de Filosofía y Sociología Jurídica. Univ.  Zaragoza


JUICIO a A.K. por MENOR, EXTRANJERO Y POBRE el 5 de junio de 2013

 

PDF ADJUNTO:  ASAPA – JUICIO A A.K. por Menor, Extranjero y POBRE


JUICIO A A.K. POR MENOR, EXTRANJERO Y POBRE

Grupo de Menores de ASAPA –Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón.

22 mayo 2013

A.K., súbdito de Mali y menor de edad, va ser juzgado por la jurisdicción penal de adultos el próximo día 5 de junio. Se le acusa de un delito de falsedad documental.

A.K. entra “ilegalmente” en Melilla y es internado en un CIE, donde manifiesta ser mayor de edad y natural de Burkina Faso con el fin de evitar la extradición a su país. Más tarde, después de recibir su pasaporte, Documento de Identidad y certificado de nacimiento (en los que constaba su minoría de edad) enviados por su familia desde Mali, ingresa en el Centro de Observación y Acogida (COA) dependiente del Servicio de Menores de la DGA.
Como, al parecer, la administración presupone que todos los menores extranjeros mienten, desde el COA se sigue el procedimiento habitual. Es decir: su condición de extranjero prima sobre la de menor. Se traslada a A.K. a extranjería donde, pese a no cometer ningún delito, es interrogado sobre su documentación en los calabozos de la comisaría del Paseo Mª Agustín (en dependencias policiales de adultos), se le toman las huellas dactilares y una foto, se busca su “rastro” en las bases de datos de inmigrantes que tiene la Policía Nacional y la policía científica comprueba la autenticidad de su pasaporte.
Aunque parezca mentira, este es procedimiento “normal”  con un menor extranjero. A partir de aquí empieza lo “irregular”: pese a los documentos que aporta el menor y pese a que el dictamen de la policía científica sobre su pasaporte es que no está falsificado, la declaración que en su momento A.K. realiza en el CIE se prioriza sobre la validez de su documentación. Se solicita a Fiscalía de Menores que autorice la realización de una prueba radiológica para determinar su edad y, sorprendentemente, la Fiscalía autoriza –porque la directiva de FGE de marzo de 2012 ordena realizar la prueba “en caso de duda sobre la edad”.
La radiografía (que es una prueba “aproximativas” con amplio margen de error según las características de cada individuo) estima que A.K. tiene más de 18 años y no menos, como consta en su documentación. Desde ese momento a A.K. se le trata como mayor de edad, es detenido como adulto, pasa dos días en el calabozo, es expulsado del Centro de Acogida y al quedar en libertad se encuentra imputado como adulto de un presunto delito de falsedad documental. Actualmente reside en el Albergue Municipal de Zaragoza.
Aunque todo ese disparate obedece a la supuesta sospecha de que pueda ser mayor de edad, la policía vino a reconocer de forma verbal a la letrada que asistió a A.K. que su pasaporte era aparentemente válido. Más tarde, el informe oficial que la policía científica trasladó al Juzgado dice textualmente en sus conclusiones: “Se estima auténtico el pasaporte analizado”. Pese a esta peritación, pese a que hay abundante documentación sobre lo inexacto de las pruebas de edad y precedentes de juicios ganados por menores en otras comunidades por haber sido considerados como adultos por estos mismos motivos, la Fiscalía de Menores considera que “la única prueba válida para determinar la edad” es la prueba radiológica. Nos preguntamos (y sabemos la respuesta) qué opinaría la fiscalía si el pasaporte fuese canadiense, francés o japonés, por ejemplo, y no africano.

Desde ASAPA denunciamos la situación de A.K. y la violación de derechos fundamentales que supone la política de expulsión sistemática amparada en la Instrucción 1/2012 de la Fiscalía General del Estado[1]. A la vista de que los casos como el de A.K. se vienen repitiendo con más y más frecuencia, el Grupo de Menores de ASAPA ya denunció[2] esta práctica hace dos meses.

La Fiscalía de Menores, lejos de cumplir con su obligación de velar por el interés superior del menor, decide arrojar al chico al Alberge Municipal e imputarle arbitrariamente unos cargos carentes de prueba, ¿tal vez apostando por una condena penal para evitar “enojosos” trámites administrativos y expulsarle más fácilmente de nuestro país?

Del mismo modo, el servicio de Protección de Menores ha sido en todo momento cómplice de esta situación, inhibiéndose de su obligación de proteger al menor pese a tener toda la información que se plasma en este documento. Pese a que esta asociación ha informado repetidas veces a sus máximos responsables (Javier Ferrer, Jefe del Servicio de Protección de Menores y Ana Goez, Subdirectora Provincial de Protección a la infancia y Tutela), el Servicio de menores ha mantenido a A.K. en una situación clara de desamparo.

Entendemos que esta forma de proceder:

– desconoce la legislación vigente en materia de menores tanto en el plano interno como en el internacional;

– supone un desprecio hacia los documentos expedidos por países soberanos y que, por tanto dan prueba fehaciente de la edad de un menor, frente a pruebas no contrastadas (como las radiológicas) en las que ni siquiera viene a expresarse el margen de error de las misma;

– se enmarca dentro de una dinámica establecida en el Servicio de Protección de Menores de cerrar cuantos expedientes sea posible;

Asimismo recordamos que una práctica similar en este mismo contexto ya dio lugar a la interposición, por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, de una querella criminal contra el Ministerio Público ante el TSJ de Canarias por delito de prevaricación.

Grupo de Menores de ASAPA –Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón.

22 mayo 2013

C/ Barrioverde nº10. 50.002, Zaragoza. Tel/Fax: 976 39 96 70. asapa_zgz@hotmail.com / asapamenores@hotmail.es

________________________________

[1]Ver el texto de la Directiva [29 de marzo de 2012]:
http://www.intermigra.info/extranjeria/archivos/impresos/INST12012FGE.pdf
[2]La denuncia de ASAPA [20 de marzo de 2013]:
https://asapa.wordpress.com/2013/03/20/nota-de-prensa-sobre-el-registro-de-menores-extranjeros-no-acompanados/


[ASAPA] denuncia pública – MUERTE BAJO CUSTODIA EN LA CÁRCEL DE NIÑOS DE ZARAGOZA

a prensa – MUERTE BAJO CUSTODIA EN LA CARCEL DE NIÑOS DE JUSLIBOL – ASAPA Menores

Al amparo del artículo 9.3 de la LIA y considerando que el caso expuesto a continuación merece ser puesto en conocimiento de las autoridades competentes, ASAPA tramitó las correspondientes denuncias ante la Fiscalía de Menores y la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Zaragoza con fecha 18/03/2013, habiendo recibido de ambas partes el más absoluto silencio por respuesta.

A petición de la familia de Libardo y contando con su voluntad de publicar la información disponible, ponemos el caso en conocimiento de los medios de comunicación con el mismo fin que fue expuesto en primera instancia: exigir que se depuren responsabilidades legales y políticas por una muerte de una persona menor de edad bajo custodia acontecida en circunstancias más que extrañas. Nuestra exigencia es legal y legítima, mientras la respuesta de las autoridades competentes se ha limitado, hasta la fecha, a negar los hechos expuestos y aludir al un archivo judicial del caso –cuyo recurso, por cierto, lleva meses esperando respuesta.

Si los responsables legales y políticos hubieran procedido puntual y correctamente, la información expuesta nunca debería haber sido difundida por esta vía.

La siguiente información responde a datos objetivos y documentados, motiva sobradamente una denuncia por negligencia médica con resultado de muerte y nos obliga a plantear una serie de cuestiones extremadamente graves que deben ser resueltas a la mayor brevedad por las instituciones competentes y sus responsables.

El caso que exponemos a continuación es muy grave y la información que en él se revela es especialmente sensible. Rogamos que los datos sean tratados con escrúpulo, por el debido respeto a la familia del fallecido y el rigor informativo que se presupone a los profesionales de la comunicación. Os agradeceremos que cualquier especulación o juicio de valor que de ellos se derive sea contrastado con el emisor de la información.

Grupo de Menores de ASAPA
Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón


“IVA NO INCLUIDO”, TODO LO DEMÁS SÍ: ACUERDO MARCO DE PLAZAS PARA LA ATENCIÓN DE MENORES BAJO LA “ACCIÓN PROTECTORA” DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

PDF: ASAPA – denuncia pública – Acuerdo Marco plazas protección menores feb-2013

Ver: Gobierno de Aragón – Pliego de cláusulas administrativas particulares, 6 de febrero de 2013. Boletín Oficial de Aragón nº 36, 20 de febrero de 2013

“La cosa está muy mal”: el presupuesto que el IASS oferta hasta el 31 de diciembre de 2016 a quienes quieran atender a los menores protegidos por la administración en Aragón es de 13.963.810,40 euros. Y el negocio se resiente. La atención a las personas menores de edad rinde a una media aproximada de 72 euros por niño-día durante cuatro años, porque lo importante es cuadrar las cuentas. Estamos ironizando, obviamente, porque el cálculo sale rápido: (72×30) x12 = 25.920 euros al año por niño. ¿Alguien en su sano juicio piensa que una familia desestructurada no se estructurará bien con 2.600 euros al mes? Quien así lo piense, buen estructurador será. Nos referimos, claro está, a que no es ésa la cuestión fundamental, sino una fórmula “Privatización & Mercantilización” que está muy de moda y en la que el sistema de menores es pionero: se sigue tratando, reconozcámoslo, de hacer negocio a costa de los niños.

“Se declara la improcedencia de revisión de precios al considerar que, teniendo en cuenta la experiencia acumulada, la estancia media de los menores en los centros de atención es inferior al año y así mismo contribuir al esfuerzo económico que la Administración de la Comunidad Autónoma está realizando para lograr el objetivo de la estabilidad presupuestaria, reduciendo el volumen de obligaciones en la ejecución del contrato” –apartado 7. Precios de las estancias.

Todos los gastos contemplados se incluyen en el precio, salvo el IVA. Pero el disparate de la restricción presupuestaria no sólo se plasma en este cálculo, sino que a él se suman, entre otros factores, los criterios de puntuación establecidos para la licitación y adjudicación del Acuerdo Marco.

“Para la selección de la empresa o entidad[1] que será adjudicataria de cada plaza, se considerará, que sea el recurso idóneo y disponible para el potencial usuario de la plaza, negociándose a la baja el precio máximo de la misma [plaza] que figure en el Acuerdo Marco, adjudicándose el contrato derivado a aquella que presente el precio/plaza más bajo” –apartado 11.1. Procedimiento de selección.

Conclusión… “el precio máximo de cada plaza será el del Acuerdo Marco” –apartado 11.3. Precio de los servicios y prestaciones. Es decir: el precio final será el más barato posible.

Consecuencia… más precariedad laboral, limitación extrema de los recursos disponibles, abandono total de la atención a la salud mental (incumpliendo el artículo 736.2 de la Ley 1/2000), mínima garantía para la prevalencia efectiva del interés superior del menor y sometimiento de éste al criterio de otro interés muy superior: esa perversión política llamada “estabilidad presupuestaria”.

A todo eso se suma la posibilidad de cesión a terceros de “los derechos y obligaciones dimanantes del contrato” (apartado 11.11) o de subcontratación (11.12) de “la realización de prestaciones accesorias”, así como la concesión de 10 puntos “si en el centro colabora personal voluntario” –anexo VII. Criterios objetivos de valoración de las ofertas; incluso la posibilidad de que, si la empresa ganadora se encuentra en una Comunidad Autónoma, la clientela infantil deba abandonar su territorio, su ciudad y su entorno. Tres hurras por el criterio socioeducativo.

“¿Dónde queda la valoración del proyecto educativo?”, podría preguntarse algún lector excéntrico. Pues en ninguna parte. Basta con que exista –acabáramos. La aportación de la “Memoria o proyecto educativo del centro” se limita a un requisito para la acreditación del cumplimiento de los criterios de adjudicación –que debe adjuntarse al apartado tercero: Prestaciones/ servicios adicionales.

Si el sistema de protección y reforma de menores ya llevaba años funcionando como un aparato de reciclaje de las desgracias de los “menos favorecidos” y generación de negocio para otros “bastante más favorecidos”, ahora deriva hacia un aparato de sobreexplotación laboral y [sobre todo] sobreexplotación integral de las personas menores de edad en situación de desamparo, marginación y pobreza. Seguimos citando (ver enlaces a pie) el Informe sobre la situación de la Protección y Reforma de Menores en Aragón elaborado por el Grupo de Menores de ASAPA en 2008 y actualizado en 2009, así como la denuncia publicada por ASAPA el 29 de agosto de 2012 acerca de esa misma cuestión.

Insistimos: a día de hoy, ser un menor de edad protegido o tutelado por el Gobierno de Aragón representa, sin lugar a dudas, un factor de riesgo en muchos casos. En otros, lamentablemente, podemos hablar de menores que, pese encontrarse tutelados por la administración pública, se encuentran en situación de desamparo.

http://bases.cortesaragon.es/bases/NDocumen.nsf/b4e47719711a1d49c12576cd002660cc/753cd15abdbaf5ecc1257657003ec5c1/$FILE/segundo%20informe%20MENORES%20para%20comparecencia%20cortes.%20ASAPA.pdf

https://asapa.files.wordpress.com/2012/09/denuncia-asapa-septiembre-2012.pdf

https://asapa.wordpress.com/2012/09/20/asapa-denuncia-ante-la-fiscalia-y-el-justicia-de-aragon-la-situacion-de-los-centros-de-menores-en-aragon/

Grupo de Menores de ASAPA. Zaragoza, marzo de 2013


[1] ¿“Empresas o entidades”? ¿Las “empresas” no son “entidades”? Lógicamente, sí hay “entidades” que no son “empresas”, pero hace tiempo que las “entidades sin-ónimo de lucro” forman parte del paisaje. La diferencia es que ahora todas ellas deben hacer “más con menos”, agravando las consecuencias sobre los menores de esa vuelta de tuerca en la “gestión eficiente y su precarización correspondiente”.