VULNERACIONES DE DERECHOS EN EL CIE DE LA ZONA FRANCA – Bcna

NOTA DE PRENSA [CAST]

tanquemelscies@gmail.com

VULNERACIONES DE DERECHOS EN EL CIE DE LA ZONA FRANCA

Desde la Campaña pel Tancament dels CIEs queremos denunciar, una vez más, la grave situación de opacidad y las reiteradas vulneraciones de derechos a las personas privadas de libertad que se dan en el CIE de la Zona Franca y a los abogados que les asisten.

Según informaciones aportadas por internos del CIE, el domingo 12 de mayo agentes de la Policía Nacional que custodian el CIE de la Zona Franca agredieron a un interno en las duchas del centro. La persona, de origen gambiano y que había estado diagnosticada por problemas de salud mental, fue agredida en los baños cuando exigía que los agentes cerraran la puerta de la ducha, provocándole unas lesiones que supusieron su hospitalización.

Al día siguiente, unos 20 reclusos decidieron ponerse en huelga de hambre como forma de protesta y, entre otras reacciones, destacamos la de un agente que amenazó a un interno de esta forma: “Negro de mierda, como sigas así te voy a llevar a aislamiento, te vas a enterar y te voy a matar. Vas a volver en ataúd a tu país”. El interno denuncia también que de forma deliberada se le dejó la luz encendida de su celda durante toda la noche, para turbarle el sueño, como represalia por su actitud.

Por su lado, dos abogados, avisados por el mismo interno que sufrió las amenazas, se presentaron al CIE el lunes por la mañana y el director del Centro, José Manuel Casado, tuvo una actitud burlesca y trató de impedir el libre ejercicio de su profesión mientras, con un tono desafiante, les preguntaba por el juzgado de guardia correspondiente donde los letrados le pondrían la queja a su comportamiento y a la situación de maltrato dentro del CIE. Además, el director, como respuesta a las protestas ya la visita de los abogados, hizo cumplir, una vez más, la política de extrema opacidad del CIE de la Zona Franca y, casualmente, el interno agredido el domingo fue deportado con urgencia el mismo martes 14 de mayo para que no pudiera denunciar ni probar ninguna situación de maltrato.

Los abogados han interpuesto una queja exponiendo los hechos ante el Juez de Vigilancia y Control del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona y ante el Síndic de Greuges en la cual se solicita que se investiguen los hechos. Desde la Campaña pel Tancament dels CIEs de Barcelona, con más motivos que nunca atendiendo a estos graves hechos, exigimos, una vez más que mientras los CIEs no se cierren, no se vulneren los derechos de ninguna de las personas que sean internadas. Así mismo, exigimos la dimisión inmediata del Director del CIE, señor José Manuel Casado, por las graves vulneraciones al derecho fundamental de asistencia jurídica de los internos, por las obstrucciones en el libre ejercicio de la abogacía y por las represalias a las que se somete al CIE a las personas que deciden denunciar públicamente las situaciones de vulneraciones de derechos las que están sometidas. Desde que José Manuel Casado es el director del CIE de la Zona Franca se han producido demasiadas situaciones de vulneraciones de derechos, tales como las recogidas en el informe, recientemente publicado, del Comité Europeo por la Prevención de la Tortura.

FIRMAN:

Associacio Catalana per la Defensa dels Drets Humans [ACDDH]

Associacio Drets i Papers per a Tothom

Associació Memoria contra la Tortura

Campanya Tanquem els CIES de Barcelona

Col.lectiu Te Kedas donde Kieras

Coordinadora Catalana per a la Prevenció i Denùncia de la Tortura

Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i pel Lliure Exercici de la Advocacia

Grup de Recerca i Acció sobre Fronteres i Controls

Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans de la UB


JUICIO a A.K. por MENOR, EXTRANJERO Y POBRE el 5 de junio de 2013

 

PDF ADJUNTO:  ASAPA – JUICIO A A.K. por Menor, Extranjero y POBRE


JUICIO A A.K. POR MENOR, EXTRANJERO Y POBRE

Grupo de Menores de ASAPA –Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón.

22 mayo 2013

A.K., súbdito de Mali y menor de edad, va ser juzgado por la jurisdicción penal de adultos el próximo día 5 de junio. Se le acusa de un delito de falsedad documental.

A.K. entra “ilegalmente” en Melilla y es internado en un CIE, donde manifiesta ser mayor de edad y natural de Burkina Faso con el fin de evitar la extradición a su país. Más tarde, después de recibir su pasaporte, Documento de Identidad y certificado de nacimiento (en los que constaba su minoría de edad) enviados por su familia desde Mali, ingresa en el Centro de Observación y Acogida (COA) dependiente del Servicio de Menores de la DGA.
Como, al parecer, la administración presupone que todos los menores extranjeros mienten, desde el COA se sigue el procedimiento habitual. Es decir: su condición de extranjero prima sobre la de menor. Se traslada a A.K. a extranjería donde, pese a no cometer ningún delito, es interrogado sobre su documentación en los calabozos de la comisaría del Paseo Mª Agustín (en dependencias policiales de adultos), se le toman las huellas dactilares y una foto, se busca su “rastro” en las bases de datos de inmigrantes que tiene la Policía Nacional y la policía científica comprueba la autenticidad de su pasaporte.
Aunque parezca mentira, este es procedimiento “normal”  con un menor extranjero. A partir de aquí empieza lo “irregular”: pese a los documentos que aporta el menor y pese a que el dictamen de la policía científica sobre su pasaporte es que no está falsificado, la declaración que en su momento A.K. realiza en el CIE se prioriza sobre la validez de su documentación. Se solicita a Fiscalía de Menores que autorice la realización de una prueba radiológica para determinar su edad y, sorprendentemente, la Fiscalía autoriza –porque la directiva de FGE de marzo de 2012 ordena realizar la prueba “en caso de duda sobre la edad”.
La radiografía (que es una prueba “aproximativas” con amplio margen de error según las características de cada individuo) estima que A.K. tiene más de 18 años y no menos, como consta en su documentación. Desde ese momento a A.K. se le trata como mayor de edad, es detenido como adulto, pasa dos días en el calabozo, es expulsado del Centro de Acogida y al quedar en libertad se encuentra imputado como adulto de un presunto delito de falsedad documental. Actualmente reside en el Albergue Municipal de Zaragoza.
Aunque todo ese disparate obedece a la supuesta sospecha de que pueda ser mayor de edad, la policía vino a reconocer de forma verbal a la letrada que asistió a A.K. que su pasaporte era aparentemente válido. Más tarde, el informe oficial que la policía científica trasladó al Juzgado dice textualmente en sus conclusiones: “Se estima auténtico el pasaporte analizado”. Pese a esta peritación, pese a que hay abundante documentación sobre lo inexacto de las pruebas de edad y precedentes de juicios ganados por menores en otras comunidades por haber sido considerados como adultos por estos mismos motivos, la Fiscalía de Menores considera que “la única prueba válida para determinar la edad” es la prueba radiológica. Nos preguntamos (y sabemos la respuesta) qué opinaría la fiscalía si el pasaporte fuese canadiense, francés o japonés, por ejemplo, y no africano.

Desde ASAPA denunciamos la situación de A.K. y la violación de derechos fundamentales que supone la política de expulsión sistemática amparada en la Instrucción 1/2012 de la Fiscalía General del Estado[1]. A la vista de que los casos como el de A.K. se vienen repitiendo con más y más frecuencia, el Grupo de Menores de ASAPA ya denunció[2] esta práctica hace dos meses.

La Fiscalía de Menores, lejos de cumplir con su obligación de velar por el interés superior del menor, decide arrojar al chico al Alberge Municipal e imputarle arbitrariamente unos cargos carentes de prueba, ¿tal vez apostando por una condena penal para evitar “enojosos” trámites administrativos y expulsarle más fácilmente de nuestro país?

Del mismo modo, el servicio de Protección de Menores ha sido en todo momento cómplice de esta situación, inhibiéndose de su obligación de proteger al menor pese a tener toda la información que se plasma en este documento. Pese a que esta asociación ha informado repetidas veces a sus máximos responsables (Javier Ferrer, Jefe del Servicio de Protección de Menores y Ana Goez, Subdirectora Provincial de Protección a la infancia y Tutela), el Servicio de menores ha mantenido a A.K. en una situación clara de desamparo.

Entendemos que esta forma de proceder:

– desconoce la legislación vigente en materia de menores tanto en el plano interno como en el internacional;

– supone un desprecio hacia los documentos expedidos por países soberanos y que, por tanto dan prueba fehaciente de la edad de un menor, frente a pruebas no contrastadas (como las radiológicas) en las que ni siquiera viene a expresarse el margen de error de las misma;

– se enmarca dentro de una dinámica establecida en el Servicio de Protección de Menores de cerrar cuantos expedientes sea posible;

Asimismo recordamos que una práctica similar en este mismo contexto ya dio lugar a la interposición, por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, de una querella criminal contra el Ministerio Público ante el TSJ de Canarias por delito de prevaricación.

Grupo de Menores de ASAPA –Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón.

22 mayo 2013

C/ Barrioverde nº10. 50.002, Zaragoza. Tel/Fax: 976 39 96 70. asapa_zgz@hotmail.com / asapamenores@hotmail.es

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[1]Ver el texto de la Directiva [29 de marzo de 2012]:
http://www.intermigra.info/extranjeria/archivos/impresos/INST12012FGE.pdf
[2]La denuncia de ASAPA [20 de marzo de 2013]:
https://asapa.wordpress.com/2013/03/20/nota-de-prensa-sobre-el-registro-de-menores-extranjeros-no-acompanados/


LA SITUACIÓN DE LA MACROCÁRCEL DE ZABALLA Y LA CÁRCEL DE NANCLARES DE LA OCA – IRUÑA DE OCA (ÁLAVA), 13 de Mayo 2012

Informe actualizado y ampliado a partir del elaborado y publicado hace dos meses por Salhaketa Araba. Será presentado ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, que tras su visita al nuevo penal de Zabaia (Iruña de Oca) solicitó información a Salhaketa. El informe valora los cinco meses desde que comenzó la ocupación de Zabaia, con el traslado de gran parte de la población presa encarcelada en la otra prisión del municipio.

http://www.salhaketa.org/wp-content/uploads/2013/05/INFORME-ZABALLA-MAYO-2013.pdf

http://www.salhaketa.org/situacion-en-la-macrocarcel-de-zaballa/2012/05/14/


LA TORTURA EN EL ESTADO ESPAÑOL – INFORME 2012

http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2013/05/INFORME-CPT-2012-final.pdf

Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura.

Informe sobre la tortura en el Estado español en el año 2012
Recopilación de las denuncias por violencia policial, tortura y tratos inhumanos, crueles o degradantes
conocidas por la CPDT
PRESENTADO EN BARCELONA EN MAYO DE 2013

INFORME DEL COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA AL ESTADO ESPAÑOL – 2011

INFORME AL GOBIERNO ESPAÑOL SOBRE LA VISITA A ESPAÑA REALIZADA POR EL COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y DE LAS PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES (CPT)

Informe 2011 Comité Prevención Tortura Consejo de Europa

llevada a cabo del 30 de mayo hasta el 13 de junio de 2011

Estrasburgo, 30 de abril de 2013

[CPT/Inf (2013) 6]