Nota de Prensa – SOBRE EL REGISTRO DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS

Grupo de Menores de ASAPA –Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón

NOTA DE PRENSA

LA DISCUTIBLE PUESTA EN PRÁCTICA DE LA INSTRUCCIÓN 1/2012 DE LA FGE SOBRE LA COORDINACIÓN DEL REGISTRO DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS

Enlace a la Instrucción: http://www.intermigra.info/extranjeria/archivos/impresos/INST12012FGE.pdf

ARTÍCULO COMPLETO EN PDF ADJUNTO: ASAPA – sobre el Registro de MENAs

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El 29 de marzo de 2012 fue emitida la Instrucción 1/2012 de Fiscalía General del Estado sobre la coordinación del Registro de menores extranjeros no acompañados.

Desde esa fecha, algunas prácticas llevadas a cabo a la sombra de la mencionada instrucción 1/2012 favorecen la posibilidad de que la administración eluda sus obligaciones para con las personas menores de edad que viven en su territorio.

En consecuencia, el “interés superior del menor” no representa de facto el criterio principal en la aplicación de los expedientes de determinación de la edad.

Es triste tener que recordar que, según todas las normas (internacionales y nacionales), un menor extranjero es menor antes que extranjero, también cuando la duda sobre su edad no haya sido efectivamente resuelta y, por tanto, su condición de adulto no haya sido legalmente ratificada.

– La instrucción señala a un colectivo entero y a su “peregrinaje con la esperanza de ver reconocida una minoría de edad que ya ha sido rechazada por otras administraciones” (p. 4-e). Primero: se trata de una acusación generalizada en base a casos puntuales, impropia del rigor que se supone a todo pronunciamiento que emana del Ministerio Fiscal. Segundo: nadie migra “por gusto”, menos sin recursos y aún menos si es menor. Además, en los casos en que eso sucede una de las claves de tal “peregrinaje” es precisamente la ineficacia de la propia administración en los trámites de documentación, como denunciaba hace 5 años el Informe sobre la situación de la Protección y Reforma de Menores en Aragón (pp. 9, 21, 57, 58) –y hace 8 años, en el informe realizado por la asociación Molimo.

– La práctica contraria sí ha sido denunciada por diferentes entidades de defensa de los derechos humanos: durante años se han dado casos de traslado arbitrario y “oficioso” de personas menores de edad que son enviadas a otras CCAA en transporte público sin más información que el nombre y la dirección del centro de menores de la ciudad de destino; una práctica (denunciada mediante escrito de fecha 25-3-09 ante la Fiscalía de Menores de Zaragoza) que podría definirse como “distribución informal de menores extranjeros pobres”.

– Se ha llegado a priorizar los resultados de las polémicas pruebas radiológicas de determinación de la edad (más bien de “apreciación aproximada”) sobre la información contenida en documentos de identidad legales. A esto se añade un hecho que trasciende los criterios jurídicos: algunos profesionales de la administración pública no reconocen la misma presunción de validez a un documento de identidad europeo que al equivalente de un estado africano. Ha llegado a presumirse la falsedad del documento auténtico de un menor, con la consiguiente imputación a éste de un delito de falsedad documental como mayor de edad.

– El riesgo de arbitrariedad construido por acción conjunta de las fuerzas de seguridad, fiscalía y servicios de protección de menores implica una injustificable presunción de mayoría de edad que se impone al interés superior del menor para expulsar al afectado de la esfera de protección de menores –con las nefastas consecuencias que eso implica sobre la realización efectiva de los derechos de las personas y las garantías que obligan a la administración.

– El objetivo de “impedir duplicidades registrales” en la coordinación del Registro de MENAs no puede justificar en ningún caso la sustitución de los principios garantistas de presunción de inocencia e interés superior del menor por una arbitraria “presunción de mayoría de edad”.

Grupo de Menores de ASAPAAsociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón


Réplica a la noticia publicada en El Periódico de Aragón acerca de la Denuncia Pública de ASAPA. 20/03/2013

Desde el Grupo de Menores de ASAPA hemos hecho llegar a la redacción de El Periódico de Aragón la siguiente réplica con la intención de matizar y aclarar parte del contenido incluido en la redacción de la noticia de hoy 20/03/13 a propósito de la muerte bajo custodia en el CEIMJ Juslibol el 1 de septiembre de 2012.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/la-dga-niega-mala-praxis-en-muerte-de-un-menor-en-juslibol_840165.html
Citamos en negrita el texto de la noticia publicada en EPA:
– En efecto, al joven se le había prescrito un tratamiento con psicofármacos que “podría haber resultado incompatible con la afección que sufría el menor”, pese a que “la familia había comunicado que bajo ningún concepto le fuesen suministrados” esos medicamentos. Pero ASAPA no ha denunciado en ningún momento que se le hubieran dado fármacos “a los que era alérgico”, sino que se le suministraron psicofármacos que podían ser gravemente incompatibles con la afección cerebral sobre la que se le habían realizado pruebas neurológicas y cuyos resultados habrían de ser informados pocos días después. No se trata de una cuestión de alergias sino de un problema muy grave que requería información clara y coordinación exhaustiva entre los servicios de salud y el centro de reforma. Por eso se cuestionamos la existencia y aplicación eficaz de un protocolo de actuación.
– También aseguraron que “en ningún momento esta [ref. la familia] ni terceros manifestaron la incompatibilidad o alergia a algún fármaco”. Precisamente. La respuesta de la familia fue “NO TIENE ALERGIAS PERO SU NEURÓLOGO NOS HA INDICADO QUE NO SE LE MEDIQUE, NI SIQUIERA CON TRANQUILIZANTES SUAVES, NI PASTILLAS PARA DORMIR, NI NADA, PORQUE TIENE UN PROBLEMA SERIO DEL QUE ESTÁ SIENDO TRATADO”.
– Si las Fuentes del Departamento de Servicios Sociales del Ejecutivo desmintieron, como afirma la asociación, haber desatendido a la familia del fallecido, nos gustaría conocer por qué los propios afectados no han llegado a esa conclusión sino a la contraria. No nos parece lo más riguroso que al redactar la noticia (y dado que iba a ser la respuesta del IASS el centro de ésta) nadie se haya puesto en contacto con el abogado de la familia (que es quien podría decidir sobre el tratamiento de datos más sensibles) ni con esta asociación para contrastar o matizar esas afirmaciones. Nos sorprende, además, que se decidiera dedicar la noticia a la respuesta del IASS y no a la nota de prensa publicada, pues esta última y no otra era la declaración que iniciaba la noticia. Consideramos que de ese modo se convierte una reivindicación que parte de la sociedad civil en la materia prima de una respuesta institucional que acaba protagonizando el contenido de la información: La DGA negó ayer mala práctica alguna alrededor del fallecimiento de un menor, el pasado 1 de septiembre, en el Centro de Internamiento de Menores por Medida Judicial de Juslibol, como denunció en un comunicado público la Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón (Asapa), que informó de haber puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores y del Colegio de Médicos de Zaragoza.
Las mismas fuentes, que recordaron que un juez ya archivó el caso en su día y que la DGA no había recibido ningún requerimiento de la Fiscalía, defendió que el menor “fue tratado por el equipo médico y de enfermería del centro”. En primer lugar: existen datos proporcionados desde el propio centro que (como muchos otros y por respeto al debido proceso, no han sido incluidos en la denuncia pública) contradicen esa última afirmación. En segundo lugar: que la DGA no recibiera requerimiento alguno de la Fiscalía no es explicación ni pretexto, sino un elemento más que ilustra la gravedad del caso. En tercer lugar: igualmente, el archivo prácticamente automático del caso (muy común en la mayoría de las muertes bajo custodia, pero que ha sido recurrido por el abogado de la familia) tampoco justifica nada, sino que es más bien una señal que abunda en la ineficaz respuesta de los operadores jurídicos e institucionales competentes.
Frente a las acusaciones de Asapa, el Gobierno negó que la toma de fármacos sea obligatoria y defendió la “larga y acreditada práctica con adolescentes” del personal de la instalación. Primero: “dudosa y sistemática” no es lo mismo que “obligatoria”. ASAPA no ha dicho eso. Segundo: precisamente por larga y acreditada es más grave que se haya hecho oídos sordos durante tantos años a un problema tan poco discutido pero tan discutible como es el del uso de psicofármacos con menores de edad cuyo diagnóstico se reconoce dudoso, indeterminado y en ocasiones inexistente. Lo único cierto a este respecto es que la medicación es la mejor forma de control y pacificación de la población en los centros cerrados. Mantenemos la esperanza de que tanto el Colegio de Médicos de Zaragoza como la Fiscalía de Menores, que cuentan con la información completa sobre el caso, emprendan las acciones procedentes.
Insistimos: dada la gavedad de este caso en particular y dado el más que despreocupado empleo de psicofármacos con personas menores de edad en general, la nota a medios incluida en nuestra denuncia pública obedece a que la gran cantidad de contradicciones, la extrema gravedad del caso y las responsabilidades que podrían deducirse de todo ello incumben a los más altos niveles del centro y del servicio de menores del IASS:
NOTA a medios: el caso que exponemos a continuación es muy grave y la información que en él se revela es especialmente sensible. Nos limitamos, por tanto, a publicar el contenido mínimo necesario (ver archivo adjunto). Rogamos que los datos sean tratados con escrúpulo, por el debido respeto a la familia del fallecido y el rigor informativo que se presupone a los profesionales de la comunicación. Os agradeceremos que cualquier especulación o juicio de valor que de ellos se derive sea contrastado con el emisor de la información“.

Grupo de Menores de ASAPA. 20/03/2013


DENUNCIA PÚBLICA. OTRA MUERTE BAJO CUSTODIA – CEIMJ Juslibol, Zaragoza

 

NOTA DE PRENSA – DENUNCIA PÚBLICA

Otra muerte bajo custodia

Cárcel de menores de Juslibol, Zaragoza, 30-08-2012

Grupo de Menores de ASAPA

(Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón)

NOTA: el caso que exponemos a continuación es muy grave y la información que en él se revela es especialmente sensible. Nos limitamos, por tanto, a publicar el contenido mínimo necesario. Rogamos que los datos sean tratados con escrúpulo, por el debido respeto a la familia del fallecido y el rigor informativo que se presupone a los profesionales de la comunicación. Os agradeceremos que cualquier especulación o juicio de valor que de ellos se derive sea contrastado con el emisor de la información.

La divulgación de la existencia de irregularidades en la prestación de un servicio público, (…) constituye una actuación de interés general, que deben soportar las personas que tienen encomendadas la gestión del servicio de que se trate dada su condición de “personas públicas” a estos efectos. Quienes tienen a su cargo la gestión de una institución del Estado deben soportar la críticas de su actividad, por muy duras e incluso infundadas que sean, y en su caso, pesa sobre ellas la obligación de dar cumplida cuenta de su falta de fundamento. Pero de ningún modo los personajes públicos pueden sustraer al debate público la forma en que se presta un servicio público (Sentencia del Tribunal Constitucional de 15/01/2001 –Rº 792/1997).

ASAPA emite esta denuncia pública

– a la vista de que la familia no ha recibido asistencia ni atención ni la administración ha asumido responsabilidad alguna durante los meses posteriores a la muerte de Libardo.

– ante las muy razonables y serias dudas acerca de una comunicación eficaz y una adecuada coordinación entre los servicios de salud, protección y reforma.

– ante lo que interpretamos como una práctica dudosa y sistemática por parte del servicio médico del CEIMJ Juslibol, gestionado por una entidad privada pero cuya responsabilidad última corresponde al Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón.

– dado que, pese a la presunta gravedad de los hechos, la intención inicial mostrada por el juzgado de instrucción nº 8 de Zaragoza fue decretar el archivo del expediente y el cierre de la vía penal.

– ante el injustificado retraso en la respuesta a la solicitud de pruebas y al recurso presentado por el abogado que asiste a la familia de Libardo.

– con la esperanza de que este caso no represente un capítulo más en la lista interminable de muertes silenciosas bajo custodia.

– para exigir la depuración de unas responsabilidades legales y políticas sin las cuales los poderes públicos no pueden aspirar a considerarse democráticos.

(texto completo en pdf adjunto)

ASAPA – denuncia pública – MUERTE BAJO CUSTODIA EN CÁRCEL DE MENORES


¡LA SANIDAD ES NUESTRA, VECINXS EN LUCHA! – 17/03 Paraninfo Zgza 12:00

17 DE MARZO, 12h, Paraninfo (Zaragoza)
MANIFESTACIÓN
¡
LA SANIDAD ES NUESTRA, VECIN@S EN LUCHA!
La salud no puede ser un simple servicio sujeto a debate sobre sus “formas de gestión eficiente” y mercantilización elitista.
Ni mucho menos. Privatizar la sanidad, como cualquier otro derecho fundamental, es un crimen. Quizá no sea un delito porque las leyes las hacen los mismos que luego retiran derechos a discreción, bajo pretexto del célebre “vótame cada cuatro años, que yo haré con tu vida lo que me dé más lucro”. De ese modo, el número de no-personas crece en nuestra sociedad, por obra de un régimen de gobierno que establece por decreto qué cuerpo es “legal” y quién no, qué persona vivirá dignamente y quién no, o más aún, quién de nosotros y nosotras vivirá. Y quién no.
Por eso los extranjeros pobres son las “menos personas”. Por eso, del mismo modo que han sido los más explotados y encarcelados durante la última década, ahora son los condenados a no tener salud. Si el proyecto es hacer negocio con la sanidad, los primeros expulsados del negocio han de ser aquéllos que no servirán como “clientes potenciales” al afán de lucro de su gestor mercantil. Y detrás vamos todos los demás. Del mismo modo que la explotación crece y el paro nos tira a la basura, los derechos fundamentales convertidos en negocio se volverán inaccesibles para más y más gente. Y mientras todo eso ocurre, las personas presas, excluidas entre las excluidas, ven cómo también en su encierro se pierde el último atisbo garantista, cómo sus derechos se convierten en ficción inalcanzable. El ministerio de Interior decide recortar el tratamiento de la hepatitis a una población presa. Uno de cada cuatro presos sufre hepatitis C, casi diez veces más que fuera de los muros, pero nuestra muy garantista Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decide establecer un “cupo” con listas de espera y excluir a los presos preventivos. ¿Qué nombre hay que poner a una muerte evitable bajo custodia de la administración? ¿Qué es lo evitable y qué no lo es? La sentencia de 29 de octubre de 2012 del Tribunal Constitucional resolvió que las personas enfermas y sin recursos pagaran por comer en prisión, incluidas entre otras las enfermas de SIDA receptoras de pensión no contributiva. Desde el pasado 1 de enero, las prisiones de Murcia I, Jaén, Valladolid o Madrid I, entre otras, han visto recortado el servicio médico: de las 24 horas a un horario exclusivamente matinal. Son sólo algunos ejemplos, y el motivo es estrictamente económico en todos los casos. La consecuencia ya la podemos imaginar. La conclusión es clara: los pobres son “no-personas” a ojos de esta forma de gobierno. Las “no-personas” son prescindibles. Si, además, esas “no-personas” caen presas, entonces son perfectamente sacrificables en el altar de la “austeridad presupuestaria”. No es vergonzoso, es un resultado más de la serie de crímenes económicos de estado perpetrados contra la mayoría de la población.
Sobran los motivos para decir “basta ya”. La salud no es un negocio, la salud es un derecho universal. Dentro y fuera de los muros de unas prisiones cuya población es, en su inmensa mayoría, víctima de la misma injusticia que las políticas de recortes siguen agravando.
ASAPA
Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón.

17 DE MARZO, 12h, Paraninfo (Zaragoza)
MANIFESTACIÓN
¡
LA SANIDAD ES NUESTRA, VECIN@S EN LUCHA!

El próximo 17 de Marzo más de 30 colectivos y pueblos de Aragón se manifestarán para protestar contra los recortes y la privatización de la sanidad. La movilización, se desarrollará bajo el lema “La Sanidad es Nuestra, Vecin@s en Lucha” comenzando el recorrido a las 12.00 horas desde Paraninfo.

Tal y como nos temíamos, en Aragón el desmantelamiento de la sanidad, para su posterior privatización, es ya un hecho: cierres de centros de salud inminentes, privatización de laboratorios, despidos, eliminación y externalización de servicios, exclusión de la atención sanitaria de parte de la población, repagos, implantación del modelo de gestión privada en el hospital de Alcañiz, cierre de servicios de urgencias, desmantelamiento de centros como el Grande Covián y un sinnúmero de despropósitos.

Ante este ataque sin precedentes, la repuesta de los trabajadores y usuarios de la sanidad también se extiende por todo el territorio aragonés y cada día crece en intensidad. Dentro de esta dinámica de lucha, una treintena de colectivos, asociaciones de vecinos, sindicatos y pueblos de Zaragoza, Huesca y Teruel hemos decidido coordinarnos el próximo 17 de marzo en una serie de movilizaciones que se enmarcan dentro de la semana europea de lucha por la sanidad.

Desde los diferentes barrios y colectivos afectados por la situación de la sanidad se ha realizado un calendario de acciones reivindicativas, que culminará con la movilización unitaria del domingo 17 de marzo.


Derechos humanos en la frontera sur – Informe anual APDHA 2013

 

La APDHA presenta su informe anual
Derechos Humanos en la Frontera Sur 2013

 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía presentó ayer en rueda de prensa su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en las fronteras. Como cada año, la APDHA enfoca su mirada en los flujos migratorios de personas que se dirigen a nuestro país desde el continente africano.

En esta edición, el informe analiza las políticas migratorias desde una perspectiva europea e internacional. Además del balance migratorio de 2012, dentro del ámbito nacional se tratan los casos concretos de Isla de Tierra y de Melilla, y se abordan las políticas de asilo de la Unión Europea y la situación en Marruecos y Grecia.


El informe completo puede descargarse en la página web:

 http://www.apdha.org/media/fronterasur_2013_web.pdf


Actividades previas a a la Marcha Contra la Macrocárcel de Zuera

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Comienzan  las Actividades previas a la XII Marcha Contra la Macrocércel de Zuera

14 de marzo jueves  a las 20h
  Via Lactea.C/ Doctor Palomar 25
Estreno en Zaragoza del documental Mur Mur (Murmullos). Productora Zazpi t´erdi.
Con la presencia de Juan Miguel Gutiérrez, director del documental y Pedro Santiesteve de ASAPA.
 El documental recoge la experiencia de vida de 6 presos y las personas que les ayudan en el camino hacia la libertad no sólo exterior, fuera de los muros de la cárcel, sino también interior haciendo hombres y mujeres libres por dentro.
Iniciativa Ciudadana Contra las Macrocárceles
Correo-e: marchazuera@yahoo.es
Web: http://marchazuera.noblezabaturra.org

MUERTE BAJO CUSTODIA – CÁRCEL DE ZABALLA

 

JOVEN PRESO VITORIANO APARECE MUERTO EN LA NUEVA CÁRCEL ALAVESA DE ZABALLA

 

S.O.S. BASTA YA DE MUERTES EN PRISION, BASTA YA DE IMPUNIDAD

 

 

CONCENTRACIÓN Y RUEDA DE PRENSA ESTE LUNES DÍA 11 DE MARZO A LAS 12

FRENTE A LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL EN EL PAÍS VASCO. C/ OLAGUIBEL 2. VITORIA-GASTEIZ

 

Ayer día 4 de Marzo, a dos semanas vista de la presentación del informe períodico que Salhaketa elaboramos para mostrar nuestra preocupación por las condiciones de encarcelamiento que viven las personas presas en la macro-cárcel alavesa de Zaballa, se produjo la tercera muerte en el último año en el citado penal de la que hayamos tenido conocimiento. Al parecer en el recuento de la mañana del lunes, un preso gasteiztarra que responde a las iniciales NGF, apareció muerto en su celda del módulo 4 sin que por el momento las autoridades penitenciarias hayan informado sobre el suceso. Continúa el goteo de muertes sin esclarecerse y sin ser investigadas por lo que seguimos una vez más exigiendo responsabilidades y que se tomen las medidas necesarias para respetar al derecho a la vida en ésta y en todas las prisiones y evitar la aplicación extra-judicial de la pena de muerte.

 

Tal y como recientemente hemos denunciado en el informe presentado ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco y ante los medios de comunicación las condiciones de encarcelamiento que se dan en los módulos ocupados, inevitablemente traería consigo masificación, desatención y muertes. Este hecho luctuoso representa una nueva crónica de muertes anunciadas. No podemos olvidar que tenemos constancia de la existencia de más de 35 personas muertas por motivos no naturales durante los cuatro últimos años en los centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra o con residencia administrativa en la CAPV, muertas en otras prisiones del sistema penitenciario español.

NUEVA ESCALADA EN LA POLÍTICA DE OCULTAMIENTO DE ESTAS MUERTES

Queremos denunciar la sistemática política de ocultamiento de estas muertes. Con estos dos nuevos casos caso tenemos ya un nuevo dato: ahora ya ni se notifican pasados unos días, ni aparecen en los medios de comunicación, sino que se ocultan y no se hacen públicas como parte de la estrategia de impunidad ante las muertes no naturales que están acabando con la vida de cientos de presos en el seno de instituciones públicas con las que mantienen una relación de sujeción especial y cuyo derecho a la salud y a la vida depende única y exclusivamente de las mismas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ocultan estas muertes? ¿Por qué no se exigen responsabilidades o al menos se investigan? ¿Ocurriría lo mismo si las víctimas fueran otras? ¿Se pueden tolerar impunemente estas muertes en el seno de una institución del estado como es el sistema penitenciario?.

Instamos a los medios de comunicación, a las instancias políticas y judiciales, así como a las entidades que trabajan en defensa de los derechos humanos a que se dirijan a la Dirección del penal, a la Dirección General de Prisiones y al Servicio Vasco de Salud que ya tiene transferida la sanidad penitenciaria, para que informen sobre las circunstancias de esta nueva muerte puesto que parecen más preocupados por meter el cadáver debajo de la alfombra que por garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas presas evitando que se produzcan estos terribles hechos.

Nos preocupa la política de ocultamiento no dando información pública sobre esta muerte, pero además, la escasa iniciativa de actuación por parte de las autoridades judiciales competentes para esclarecer las circunstancias de estas muertes por causas no naturales, en su gran mayoría de personas jóvenes que no lo olvidemos mantienen una relación de sujeción especial con la administración del estado y, éste, tiene la obligación de garantizar entre otros, su derecho a la vida. Esta situación es inaceptable, sobre todo cuando la mayoría de esas muertes podrían evitarse, simplemente, con la aplicación estricta de la actual legalidad vigente.

 

 

PARA DENUNCIAR ESTA NUEVA MUERTE EN PRISIÓN

Y EXIGIR QUE SE CUMPLAN ESTAS RECLAMACIONES

 

CONVOCAMOS UNA CONCENTRACIÓN

EL PRÓXIMO LUNES DÍA 11 DE MARZO A LAS 12

FRENTE A LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL

                                                        EN EL PAÍS VASCO. C/ OLAGUIBEL 2. VITORIA-GASTEIZ

 

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