“IVA NO INCLUIDO”, TODO LO DEMÁS SÍ: ACUERDO MARCO DE PLAZAS PARA LA ATENCIÓN DE MENORES BAJO LA “ACCIÓN PROTECTORA” DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

PDF: ASAPA – denuncia pública – Acuerdo Marco plazas protección menores feb-2013

Ver: Gobierno de Aragón – Pliego de cláusulas administrativas particulares, 6 de febrero de 2013. Boletín Oficial de Aragón nº 36, 20 de febrero de 2013

“La cosa está muy mal”: el presupuesto que el IASS oferta hasta el 31 de diciembre de 2016 a quienes quieran atender a los menores protegidos por la administración en Aragón es de 13.963.810,40 euros. Y el negocio se resiente. La atención a las personas menores de edad rinde a una media aproximada de 72 euros por niño-día durante cuatro años, porque lo importante es cuadrar las cuentas. Estamos ironizando, obviamente, porque el cálculo sale rápido: (72×30) x12 = 25.920 euros al año por niño. ¿Alguien en su sano juicio piensa que una familia desestructurada no se estructurará bien con 2.600 euros al mes? Quien así lo piense, buen estructurador será. Nos referimos, claro está, a que no es ésa la cuestión fundamental, sino una fórmula “Privatización & Mercantilización” que está muy de moda y en la que el sistema de menores es pionero: se sigue tratando, reconozcámoslo, de hacer negocio a costa de los niños.

“Se declara la improcedencia de revisión de precios al considerar que, teniendo en cuenta la experiencia acumulada, la estancia media de los menores en los centros de atención es inferior al año y así mismo contribuir al esfuerzo económico que la Administración de la Comunidad Autónoma está realizando para lograr el objetivo de la estabilidad presupuestaria, reduciendo el volumen de obligaciones en la ejecución del contrato” –apartado 7. Precios de las estancias.

Todos los gastos contemplados se incluyen en el precio, salvo el IVA. Pero el disparate de la restricción presupuestaria no sólo se plasma en este cálculo, sino que a él se suman, entre otros factores, los criterios de puntuación establecidos para la licitación y adjudicación del Acuerdo Marco.

“Para la selección de la empresa o entidad[1] que será adjudicataria de cada plaza, se considerará, que sea el recurso idóneo y disponible para el potencial usuario de la plaza, negociándose a la baja el precio máximo de la misma [plaza] que figure en el Acuerdo Marco, adjudicándose el contrato derivado a aquella que presente el precio/plaza más bajo” –apartado 11.1. Procedimiento de selección.

Conclusión… “el precio máximo de cada plaza será el del Acuerdo Marco” –apartado 11.3. Precio de los servicios y prestaciones. Es decir: el precio final será el más barato posible.

Consecuencia… más precariedad laboral, limitación extrema de los recursos disponibles, abandono total de la atención a la salud mental (incumpliendo el artículo 736.2 de la Ley 1/2000), mínima garantía para la prevalencia efectiva del interés superior del menor y sometimiento de éste al criterio de otro interés muy superior: esa perversión política llamada “estabilidad presupuestaria”.

A todo eso se suma la posibilidad de cesión a terceros de “los derechos y obligaciones dimanantes del contrato” (apartado 11.11) o de subcontratación (11.12) de “la realización de prestaciones accesorias”, así como la concesión de 10 puntos “si en el centro colabora personal voluntario” –anexo VII. Criterios objetivos de valoración de las ofertas; incluso la posibilidad de que, si la empresa ganadora se encuentra en una Comunidad Autónoma, la clientela infantil deba abandonar su territorio, su ciudad y su entorno. Tres hurras por el criterio socioeducativo.

“¿Dónde queda la valoración del proyecto educativo?”, podría preguntarse algún lector excéntrico. Pues en ninguna parte. Basta con que exista –acabáramos. La aportación de la “Memoria o proyecto educativo del centro” se limita a un requisito para la acreditación del cumplimiento de los criterios de adjudicación –que debe adjuntarse al apartado tercero: Prestaciones/ servicios adicionales.

Si el sistema de protección y reforma de menores ya llevaba años funcionando como un aparato de reciclaje de las desgracias de los “menos favorecidos” y generación de negocio para otros “bastante más favorecidos”, ahora deriva hacia un aparato de sobreexplotación laboral y [sobre todo] sobreexplotación integral de las personas menores de edad en situación de desamparo, marginación y pobreza. Seguimos citando (ver enlaces a pie) el Informe sobre la situación de la Protección y Reforma de Menores en Aragón elaborado por el Grupo de Menores de ASAPA en 2008 y actualizado en 2009, así como la denuncia publicada por ASAPA el 29 de agosto de 2012 acerca de esa misma cuestión.

Insistimos: a día de hoy, ser un menor de edad protegido o tutelado por el Gobierno de Aragón representa, sin lugar a dudas, un factor de riesgo en muchos casos. En otros, lamentablemente, podemos hablar de menores que, pese encontrarse tutelados por la administración pública, se encuentran en situación de desamparo.

http://bases.cortesaragon.es/bases/NDocumen.nsf/b4e47719711a1d49c12576cd002660cc/753cd15abdbaf5ecc1257657003ec5c1/$FILE/segundo%20informe%20MENORES%20para%20comparecencia%20cortes.%20ASAPA.pdf

https://asapa.files.wordpress.com/2012/09/denuncia-asapa-septiembre-2012.pdf

https://asapa.wordpress.com/2012/09/20/asapa-denuncia-ante-la-fiscalia-y-el-justicia-de-aragon-la-situacion-de-los-centros-de-menores-en-aragon/

Grupo de Menores de ASAPA. Zaragoza, marzo de 2013


[1] ¿“Empresas o entidades”? ¿Las “empresas” no son “entidades”? Lógicamente, sí hay “entidades” que no son “empresas”, pero hace tiempo que las “entidades sin-ónimo de lucro” forman parte del paisaje. La diferencia es que ahora todas ellas deben hacer “más con menos”, agravando las consecuencias sobre los menores de esa vuelta de tuerca en la “gestión eficiente y su precarización correspondiente”.

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