DENUNCIA PÚBLICA. OTRA MUERTE BAJO CUSTODIA – CEIMJ Juslibol, Zaragoza

 

NOTA DE PRENSA – DENUNCIA PÚBLICA

Otra muerte bajo custodia

Cárcel de menores de Juslibol, Zaragoza, 30-08-2012

Grupo de Menores de ASAPA

(Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón)

NOTA: el caso que exponemos a continuación es muy grave y la información que en él se revela es especialmente sensible. Nos limitamos, por tanto, a publicar el contenido mínimo necesario. Rogamos que los datos sean tratados con escrúpulo, por el debido respeto a la familia del fallecido y el rigor informativo que se presupone a los profesionales de la comunicación. Os agradeceremos que cualquier especulación o juicio de valor que de ellos se derive sea contrastado con el emisor de la información.

La divulgación de la existencia de irregularidades en la prestación de un servicio público, (…) constituye una actuación de interés general, que deben soportar las personas que tienen encomendadas la gestión del servicio de que se trate dada su condición de “personas públicas” a estos efectos. Quienes tienen a su cargo la gestión de una institución del Estado deben soportar la críticas de su actividad, por muy duras e incluso infundadas que sean, y en su caso, pesa sobre ellas la obligación de dar cumplida cuenta de su falta de fundamento. Pero de ningún modo los personajes públicos pueden sustraer al debate público la forma en que se presta un servicio público (Sentencia del Tribunal Constitucional de 15/01/2001 –Rº 792/1997).

ASAPA emite esta denuncia pública

– a la vista de que la familia no ha recibido asistencia ni atención ni la administración ha asumido responsabilidad alguna durante los meses posteriores a la muerte de Libardo.

– ante las muy razonables y serias dudas acerca de una comunicación eficaz y una adecuada coordinación entre los servicios de salud, protección y reforma.

– ante lo que interpretamos como una práctica dudosa y sistemática por parte del servicio médico del CEIMJ Juslibol, gestionado por una entidad privada pero cuya responsabilidad última corresponde al Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón.

– dado que, pese a la presunta gravedad de los hechos, la intención inicial mostrada por el juzgado de instrucción nº 8 de Zaragoza fue decretar el archivo del expediente y el cierre de la vía penal.

– ante el injustificado retraso en la respuesta a la solicitud de pruebas y al recurso presentado por el abogado que asiste a la familia de Libardo.

– con la esperanza de que este caso no represente un capítulo más en la lista interminable de muertes silenciosas bajo custodia.

– para exigir la depuración de unas responsabilidades legales y políticas sin las cuales los poderes públicos no pueden aspirar a considerarse democráticos.

(texto completo en pdf adjunto)

ASAPA – denuncia pública – MUERTE BAJO CUSTODIA EN CÁRCEL DE MENORES

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